TURQUÍA | Conclusiones de RSF, ARTICLE 19 y PEN International sobre los juicios a periodistas en Turquía
Las organizaciones ARTICLE 19, PEN International y Reporteros Sin Fronteras revisaron la semana pasada varios casos de acusaciones penales contra periodistas y defensores de los derechos humanos en Turquía, a quienes se ha llevado ante los tribunales por motivaciones políticas, acusados de propaganda para organizaciones terroristas o participación en ellas.
Estamos muy preocupados por la evidente naturaleza política de estos juicios y el abuso del Código Penal y la legislación antiterrorista contra periodistas y defensores de los derechos humanos. Hasta la fecha no se ha presentado ninguna prueba que involucre a los periodistas acusados en un entorno de terrorismo o incitación a la violencia. Los casos también presentan serias dudas sobre el procedimiento y el derecho a un juicio justo.
ARTICLE 19, PEN International y RSF piden al gobierno turco que tome inmediatamente las medidas necesarias para restaurar la independencia judicial en el país, reformar las leyes que contradicen los estándares internacionales en materia de derechos humanos, garanitizar un correcto procedimiento en los tribunales, y poner fin al acoso judicial a periodistas y defensores de los derechos humanos.
Los juicios
Los representantes de las organizaciones arriba citadas acudieron a los siguientes juicios entre el 14 y el 15 de febrero de 2017:
Caso de solidaridad con el periódico Özgür Gündem
EL 14 de febrero tuvo lugar un juicio a 22 periodistas, escritorires y defensores de los derechos humanos que participaron en la campaña de solidaridad con el periódico Özgür Gündem, forzado al cierre en agosto de 2016. Durante la audiencia, el periodista escritor Cengiz Baysoy, el activista pacífico İmam Canpolat, y el líder de la oposición Çilem Küçükkeleş, del Parido Democrático del Puueblo (HDP), fueron hallados culpables de “difundir prograganda del PKK” y “publicar comunicados enviados por el PKK”, en relación con los articulos que difundieron el día que ejercieron como “editor por un dia” como parte de la campaña de solidaridad con el diario. Los tres han sido sentenciados a un año y tres meses de cárcel, y una multa de aproxidamamente 1.500 euros.
El 14 d febrero, Reporteros Sin Fronteras también asistió a una audiencia separada, la del caso Hasan Cemal, columnista, antiguo editor jefe y ahora comentador del portal T24, que recibió una sentencia en suspenso a un año y tres meses de cárcel bajo el artículo 7 (2) de la Ley Antierrorista. Fue acusado de “elaborar propaganda para una organización antiterrorista” por publicar un artículo donde hacía referencia a un entrevista anterior con un líder del PKK.
Caso OdaTV
El miércoles, 15 de febrero, diez perodistas, entre ellos Ahmet Şık, Nedim Şener, Soner Yalçın, Barış Pehlivan y Barış Terkoğlu, presentaron sus últimas alegaciones en el juicio OdaTV. El caso comenzó en 2011, y los cargos presentados contra los acusados incluyeron ser el brazo mediático de una organización terrorista conocida como “Ergenekon”. En cualquier caso, en la audiciena del 14 de diciembre de 2016, el fiscal pisdió la absolución de los doce acusados por falta de pruebas de la existencia de dicha organización. El veredicto está programado para el 12 de abril de 2017.
Caso Taraf
También el 15 de febrero, ARTICLE 19, PEN International y RSF siguieron de cerca una tercera audicencia con periodistas y editores afiliados al periódico Taraf: Ahmet Altan, Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur y Tuncay Opçin están acusados de adquirir y divulgar secretos de Estado en relación con el plan militar Egemen, un plan de guerra sin fecha para responder a un invasión griega. Baransu y Opçin se enfrentan además a cargos de pertencinaca y administración de la “organización terrorista Fethullah Gülen”. Baransu, que lleva dos años en detención provisional y debía presentar su defensa, no pudo acudir por tener a la vez otro juicio en Mersin.
Cargos inconsistentes y motivados politicamente
La acusaciones incluyen múltiples inconsistencias que sugieren una influencia política en el sistema de justicia del país.
Por ejemplo, el periodista de investigación Ahmet Şık, del caso OdaTV, que está siendo juzgado simultáneamente en dos casos separados y contradictorios. Uno le acusa de “apoyar a la organización Ergenekon” en su libro publicado en 2011 donde criticaba el movimiento Gülen, y el otro caso le acusa de “apoyar al PKK y a dicho movimiento (Gülen)”.
El caso Taraf también está plagado de inconsistencias y confusión, con una acusación que es un amplio corta y pega del caso de Can Dündar. Su nombre incluso sigue apareciendo en partes del texto.
Los casos de los involucrados en la campaña de solidaridad con el periódico Özgür Gündem también están políticamente motivados y suponen un abuso de la Ley Antiterrorista contra perodistas kurdos y activistas de la sociedad civil que los defienden. La acusación se basa únicamente en su asociación puntual con el periódico, ya sea como miembros de la plantilla o a través de la publicación de columnas.
Procedimiento y derecho a un juicio justo
Manifestamos nuestra preocupación por las múltiples violaciones de los derechos de los acusados a un juicio justo y las dificultades de seguir un procedimiento adecuado.
Muchos de los acusados se enfrentan a varios casos, y muchos de ellos están en la actualidad en detención provisional, sin explicaciones racionales para esta situación y sin perspectiva de que reciban un juicio justo en un periodo de tiempo razonable. Entre ellos están Mehmet Barans, detenido desde el 2 de marzo de 2015; Ahmet Altan, desde el 10 de septiembre de 2016; y Ahmet Şık, desde el 29 de diciembre de 2016.
Las autoriades judiciales utilizan los infinitos periodos de detención provisional que contempla la ley turca, que viola claramente los estándares internacionales del derecho a la libertad y a un juicio justo.
Además, en el caso I, el derecho a un juicio justo está muy en entredicho por los dos años de detención provisional que lleva Baransu en prisión, en los que no ha tenido suficiente acceso a su abogado y a los documentos del caso, lo que significa que no ha podido preparar su defensa.
La solicitud de absolución del fiscal del caso OdaTV, que celebramos, contrasta con la realidad de que no se podrá hacer plena justicia con algunos de los acusados, que habrán pasado más de un año en prisión, durante la investigación. Debe por todo ello revisarse la investigación criminal y sus juicios derivados para garantizar que los responsables de estos abusos de la justicia sean hallados responsables. Urge también tomar los pasos necesarios para garantizar la independencia de la policía y de la justicia, para evitar el mismo acoso judicial en otros casos, incluidos los que todavía están abiertos contra periodistas.
Independencia de la justicia, seguridad nacional y derecho a la libertad de expresión
El artículo 138 de la Constitución turca garantiza la independencia de la justicia, aunque, en la práctica, la interferencia política en el sistema judicial es incuestionable. Como ya manifestó el Comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Nils Muiznieks, el 15 de febrero de 2017, algunos elementos de la justicia se han convertido en un “instrumento para el acoso judicial a la oposición y a la critica legítima”.
Ademas, como ya señalamos en nuestro informe conjunto en septiembre de 2016, el sistema judicial tiene numerosas disposiciones legales que están visiblemente destinadas a garantizar la segurdad nacional pero que pueden usarse para mermar la libertad de expresión. Esto incluye la ambigüedad en el concepto de “propaganda” u “organización terrorista” que contempla el Código Penal, así como las cláusulas que permiten acusar a individuos de “ayudar a una organización terrorista” solamente por usar la libertad de expresión para hablar de un grupo terrorista. Todo ello viola claramente los estándares internacionales de libertad de expresión.
En su respuesta oficial al Consejo de Europa, Turquía alegó que los enjuiciados no eran periodistas, sino terroristas, y que no se les acusa por su periodismo. Pero hasta la fecha, no se ha presentado ninguna prueba que les vincule con la participación en terrorismo. Las pruebas presentadas contra todos ellos sólo consisten en el contenido de sus artículos y los de las noticias que han editado.
Turquía reclamó también su no ha escatimado esfuerzos en equilibrar la balanza entre la libertad y la seguridad, y en mantener su agenda reformista. Aseguró también que la Ley Antiterrorista de su Código Penal cumple los estándares internacionales.
Pero nosotros refutamos que haya mantenido esa balanza, tanto en la ley como en la práctica. Los Principios de Johannesburgo sobre Seguridad Nacional y Libertad de Expresión dejan claro el equilibrio apropiado bajo la legislación internacional: para que una restricción a la libertad de expresión en nombre de la seguridad nacional sea legítima, debe haber una conexión intencional, directa e inmediata entre dicha expresión y la posibilidad de violencia. Los artículos del Código Penal y de la Ley Antiterrorista turcos no cumplen estos requerimientos. La indefinición de sus términos permiten al Gobierno utilizarlos como arma para silenciar voces críticas.
Recomendaciones a las autoridades turcas
Poner en libertad inmediata e incondicional a todos los periodistas, trabajadores de medios y otros detenidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión sobre los que no se hayan presentado pruebas individuales de su responsabilidad en un crimen;
Poner fin al acoso judicial a periodistas y defensores de los derechos humanos;
Garantizar que el Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia inician una investigación transparente sobre los fallos en las investigaciones criminales y los abusos del sistema criminal judicial, como se han puesto de manifiesto en el caso OdaTV, para asegurar que no vuelva a haber un futura politización;
Tomar medidas inmediatas para restaurar la independencia del sistema judicial, incluyendo el trabajo con socios internacionales como el Consejo de Europa o la OSCE. Como primer paso, garantizar que los acusados tienen derecho a una revisión rápida de las decisiones judiciales, incluida la prisión provisional; aumentar la transparencia de las decisiones judiciales aceptando la oferta de la OSCE de mandar a observadores a los juicios y cooperar con ellos en esta iniciativa; levantar el estado de Emergencia; y eliminar las medidas adoptadas en este periodo que infringen el derecho a la libertad de expreisón;
Reformar la Ley Antiterrorista y el Código Penal, para adecuarlo a la legislación internacional sobre el derecho a la libertad de expresión.
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