TURQUÍA | El periodismo agoniza tras seis meses bajo el estado de emergencia
Reporteros Sin Fronteras (RSF) examina la persecución de periodistas y medios de comunicación turcos en el marco del estado de emergencia que se proclamó hace hoy seis meses. La organización insta a la Asamblea Nacional de Turquía a revocar todos los decretos leyes que sean incompatibles con su Constitución y sus compromisos internacionales.
En la cada vez más intensa represión arbitraria de la libertad de prensa durante los últimos seis meses, las autoridades turcas han encarcelado a alrededor de 100 periodistas sin juicio, cerrado 159 medios de comunicación, rescindido 775 carnet de prensa, y se han confiscado sin justificación pasaportes y bienes de periodistas.
En una carta enviada este 20 de enero de 2017 a la comisión de de investigación sobre derechos humanos de la Asamblea Nacional, Reporteros Sin Fronteras pide a los parlamentarios turcos que deroguen los decretos leyes emitidos bajo el estado de emergencia. Acompaña a la carta un análisis jurídico detallado que muestra que los decretos son inconstitucionales e incompatibles con las obligaciones internacionales de Turquía.
«Después de seis meses en estado de emergencia, el periodismo agoniza en Turquía», asevera el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire. «El pluralismo está en proceso de destrucción y los medios de comunicación que quedan viven de forma permanente bajo la espada de Damocles, en un clima de miedo e intimidación alimentado por los comentarios de ciertos líderes. Es hora de poner fin a estas prácticas arbitrarias y de recuperar las garantías constitucionales para la libertad de prensa».
Cuatro meses después de publicar un informe titulado «Turquía: estado de emergencia, estado de arbitrariedad «, Reporteros Sin Fronteras vuelve a analizar los métodos cada vez más arbitrarios utilizados por las autoridades turcas contra los periodistas críticos.
Periodistas encarcelados sin juicio
Ni acusados ni en libertad
La gran mayoría de los periodistas encarcelados inmediatamente después del fallido golpe de Estado del 15 de julio siguen esperando a que comiencen sus juicios. Los jueces, subordinados al régimen, rechazaron sin argumentos jurídicos de peso la mayor parte de las peticiones de libertad presentadas por los abogados de los periodistas.
En muy pocos casos, los periodistas presos han sido puestos en libertad provisional, pero siguen a la espera de juicio. Es el caso de Arda Akin, reportero del diario Hürriyet, que fue liberado el 9 de septiembre después de 24 días de detención; Lale Kemal y Nuriye Akman, excolumnistas del diario Zaman quedaron en libertad el 12 de octubre después de haber pasado más de dos meses entre rejas; y dos colaboradores de Özgür Gündem, la novelista Aslı Erdogan y la traductora Necmiye Alpay, fueron liberadas el 29 de diciembre después de cuatro meses en la cárcel.
Más de 80 periodistas siguen detenidos porque trabajaban para medios de comunicación afines a Fethullah Gülen, el influyente clérigo musulmán radicado en Estados Unidos que fue un aliado del presidente Erdogan antes de convertirse en su bestia negra. Apenas una treintena de ellos han sido acusados formalmente.
Hasta el 10 de marzo no comenzará el primer juicio; será contra un grupo de periodistas de la sureña provincia de Adana acusados de «pertenecer a una organización ilegal». Entre ellos se encuentran Aytekin Gezici y Abdullah Özyurt, que para entonces habrán pasado casi ocho meses en prisión.
Poco después comenzará otro juicio contra 28 periodistas, entre los que se cuentan Murat Aksoy, Atilla Tas, Hanım Büşra Erdal y Cihan Acar. De estos 28, 25 se encuentran todavía en la cárcel. Acusados del mismo cargo, «pertenecer a una organización ilegal», se exponen a posibles penas de diez años de cárcel.
«No he visto a un solo fiscal en los seis meses que he estado detenido», señala el columnista de Zaman Sahin Alpay . «Después del interrogatorio de la policía, nos llevaron directamente ante un tribunal [que ordenó la prisión preventiva]. Soy el de más edad. Cumplí 73 años en la cárcel. Mis columnas no tenían nada que ver con el movimiento Gülen. Pido que mi juicio se celebre lo antes posible».
Varios periodistas han recurrido a la corte de mayor rango en Turquía, el Tribunal Constitucional, solicitando su liberación, pero aún no han recibido respuesta. En reacción a su silencio, los abogados de dos de estos periodistas han presentado quejas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y han acusado a Turquía de «detención ilegal».
Estricto aislamiento para muchos periodistas presos
Según los decretos leyes aprobados en el marco del estado de emergencia, la policía está presente cuando los detenidos hablan con sus abogados y las cámaras de video graban sus conversaciones. Los periodistas detenidos por presuntos vínculos con el movimiento Gülen son sometidos a normas de aislamiento especialmente severas. Están en la Sección 9 de la prisión de Silivri, a 70 km de Estambul, donde se les niega el acceso al correo electrónico y a los medios de comunicación, y sus derechos de visita son extremadamente limitados.
Estas reglas se aplican a los periodistas de Zaman detenidos y a los once empleados de Cumhuriyet, a quienes se acusa de cambiar la línea editorial del periódico para alinearse con el movimiento Gülen.
Según la oficina del fiscal, la cobertura de asuntos espinosos que hacía Cumhuriyet –por ejemplo, la entrega de armas por parte de Turquía a grupos yihadistas en Siria, las violaciones de los derechos humanos durante las operaciones militares contra los rebeldes kurdos también por parte de Turquía, o la presunta tortura a sospechosos de participar en el intento de golpe de julio- demuestran la «complicidad» del periódico con el movimiento Gülen.
El 31 de octubre fueron detenidos diez trabajadores de este periódico, como el redactor jefe Murat Sabuncu, el columnista Kadri Gürsel, el dibujante Musa Kart o el jefe administrativo, Bülent Utku.
Ahmet Şık, un notorio periodista de investigación que ocasionalmente escribía artículos para Cumhuriyet, también fue detenido como parte del mismo caso el 29 de diciembre. La acusación contra Şık de apoyar al movimiento Gülen es absurda, ya que entre 2011 y 2012 pasó un año en la cárcel por criticar la influencia que ejercía el movimiento dentro del aparato del Estado en aquel momento.
«De las 168 horas que componen una semana, solo dos me permiten ver a seres humanos: una hora con mi esposa y otra hora con mi abogado», dijo Sabuncu. «Deberíamos tener el derecho a recibir visitas de otras tres personas, pero ya no se aplica esta norma».
Sanciones administrativas cada vez más arbitrarias
Revocados cientos de carnets de prensa
Al menos 775 periodistas han perdido sus carnets de prensa desde el inicio del estado de emergencia. Se los ha retirado la Dirección General de Información y Medios de Comunicación (BYEGM), una rama de la oficina del primer ministro.
Los periodistas de T24 Hasan Cemal y Dogan Akin fueron despojados de sus carnets a finales de octubre. Nevzat Onaran ha sido periodista durante 17 años, pero el BYEGM le dijo el 16 de diciembre que no le renovaban su tarjeta de prensa debido a una antigua condena por el cargo de «apartar a la gente del servicio militar.»
El BYEGM retiró al conocido periodista Amberin Zaman su tarjeta de prensa a principios de este mes con el argumento de que «incitaba al odio y a la hostilidad» al escribir en las redes sociales que «los kurdos constituyen la fuerza más importante en la lucha contra Estado Islámico».
Embargan los bienes de 54 periodistas
El 1 de diciembre, un juez de paz de Estambul ordenó el embargo de los bienes de 54 ex empleados de Zaman, entre los que se incluyen Sahin Alpay, Mümtazer Türköne, Ali Bulac, Hilmi Yavuz, Ihsan Duran Dağı y Hamit Bilici. Se les acusa de presuntos vínculos con el movimiento Gülen, pero la medida ha sido adoptada antes de que comience el juicio y cuando aún debería ampararles la presunción de inocencia.
Persecución a los familiares de los periodistas exiliados
Decenas de periodistas han huido al extranjero en los últimos seis meses para escapar de las acciones arbitrarias de los tribunales y la administración. El ex director de Cumhuriyet, Can Dundar, decidió no regresar al país después de haber sido condenado a cinco años y diez meses de prisión en mayo y no piensa volver hasta que se levante el estado de emergencia. Pero su esposa, Dilek Dündar, se ha quedado bloqueada en Turquía. Su pasaporte fue cancelado sin explicación el 4 de agosto, cuando estaba a punto de salir del país.
Los periodistas que han huido de Turquía se enfrentan ahora a una nueva amenaza. En virtud del Decreto-Ley No. 680, que entró en vigor el 7 de enero, las personas sospechosas (o acusadas) de «actividades subversivas», «ataques contra el presidente», «crímenes contra el gobierno» o «pertenecer a una organización ilegal» pueden ser despojadas de su nacionalidad turca si no responden a una citación en tres meses.
El pluralismo, moribundo
Cerrados de un plumazo 149 medios
Un total de 149 medios de comunicación considerados simpatizantes de la Gülen o de movimientos kurdos han sido suprimidos por decreto o por una resolución administrativa desde el 20 de julio. Al primer decreto que disolvía 102 medios de comunicación, a finales del mes de julio, le han sido seguido órdenes similares. Dos docenas de emisoras de televisión y radio fueron cerradas a comienzos de octubre. Quince medios kurdos fueron cerrados a finales del mismo mes. El pluralismo mediático en Turquía se ha reducido a los medios a favor del gobierno.
A 20 medios de comunicación cerrados se les permitió finalmente reanudar la actividad. El decreto N ° 675, por ejemplo, autorizó la reapertura de once medios de comunicación locales. Sin embargo se trata una relajación de la garra extremadamente limitada, dada la modesta influencia de estas cabeceras y las enormes lagunas que aún persisten en el panorama mediático.
La mayoría de los medios cerrados por decreto –entre ellos los canales de televisión de la oposición Hayatın Sesi e IMC TV, siguen esperando una respuesta por parte de los tribunales administrativos a los que apelaron. Están planeando elevar los cierres al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que el Tribunal Constitucional anunció en octubre que no era competente en los casos vinculados a los decretos emitidos bajo el estado de emergencia.
Estrecho cerco a los medios audiovisuales
Los decretos leyes han reforzado las competencias del Consejo Superior de Radiodifusión (RTÜK), que ahora puede suspender a cualquier televisión o radio durante un día si se considera que ha infringido la ley de medios. Por incumplimientos posteriores, la suspensión puede ser de cinco días, de 15, y después retirar su licencia para siempre.
Una nueva disposición añadida recientemente a los estatutos de la RTÜK prohíbe «la cobertura mediática de los actos terroristas, sus autores y sus víctimas cuando contribuye a los objetivos del terrorismo».
El RTÜK también puede ahora negar una licencia a cualquier medio de comunicación que supuestamente represente una «amenaza a la seguridad nacional, el orden público o el interés general». Y puede denegar una licencia si los servicios policiales o de inteligencia advierten de «conexiones» entre el medio en cuestión y una «organización terrorista».
Control sin precedentes sobre Internet
Twitter, YouTube y Facebook ya se bloquean de forma rutinaria después de cada bombardeo u otra situación de emergencia, pero las autoridades cruzaron un nuevo umbral al cerrar temporalmente los servicios de mensajería WhatsApp, Skype y Telegram a principios de noviembre.
A los proveedores de servicios de Internet también se les ordenó restringir el acceso a una docena de VPN y a la red Tor, que permiten a los usuarios eludir la censura y cifrar todo el tráfico. Al mismo tiempo, el acceso a Internet se desconectó por completo durante varios días en las regiones del sureste, donde la población es mayoritariamente kurda.
En respuesta a los abusos crecientes, Reporteros Sin Fronteras reitera las demandas formuladas en el informe titulado «Turquía: estado de emergencia, Estado de arbitrariedad«, empezando por la derogación de los decretos leyes inconstitucionales y la liberación inmediata de los periodistas que han sido encarcelados en relación con su trabajo. RSF también llama de un fin al aislamiento de los periodistas detenidos en la Sección 9 de la prisión de Silivri.
Turquía ocupa el puesto 151, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de Reporteros Sin Fronteras. Más sobre el país, en el Informe Anual de la organización.
