UCRANIA | RSF pide la derogación de todas las leyes liberticidas aprobadas el 16 de enero
Reporteros Sin Fronteras toma nota de la sesión extraordinaria de este 28 de enero de 2014 en el Parlamento de Ucrania que pretende derogar una serie de leyes liberticidas aprobadas de forma ilegal el 16 de enero. No obstante, la organización manifiesta su profunda preocupación por el alcance de esta promesa y anima a los diputados ucranianos a llevar este proceso al final.
«No se ha dado ninguna garantía de que las severas restricciones a la libertad de información aprobadas el 16 de enero formarán parte de las medidas derogadas. Los anuncios oficiales son ambiguos y los miembros del partido en el poder conservan su libertad de voto. Se teme que el Parlamento se limite a eliminar las disposiciones más emblemáticas, las que criminalizan las protestas de la oposición, y que respalden todas las demás mediante una votación corriente», apunta la organización.
En la noche del 27 de enero, la ministra de Justicia, Elena Loukach, anunció que el Parlamento estaba a punto de anular «las leyes que han generado numerosos debates», en particular las que refuerzan las penas en caso de concentración masiva. Pero las leyes aprobadas el 16 de enero «que no dan lugar a protestas» se votarán de nuevo. Estos comentarios preocupan más porque el Consejo de Ministros aprobó el mismo día un proyecto de ley que facilita el bloqueo de sitios web y que se refiere al sistema establecido por la ley del 16 de enero.
«Las leyes liberticidas del 16 de enero conforman un bloque que ha transformado la naturaleza del régimen de Ucrania y ha conducido a la sublevación. Las disposiciones que limitan severamente el derecho de la población ucraniana a informar y ser informado son parte integral de ese bloque. La derogación completa de estas leyes es una condición sine qua non si lo que las autoridades realmente quieren es sacar a Ucrania de la vía autoritaria en la que se ha extraviado», sostiene Reporteros Sin Fronteras.
Entre las disposiciones aprobadas en bloque y mano alzada 16 de enero se incluía la penalización de la difamación, el establecimiento de un control directo de Internet por las autoridades, la introducción de penas de prisión por «actividades extremistas» mal definidas, la recopilación de información sobre funcionarios públicos, la capacidad de bloquear sitios web en gran parte sin una orden judicial, o la instauración de la vigilancia masiva.
