UNIÓN EUROPEA | La UE alcanza un acuerdo sobre la protección a denunciantes
Reporteros Sin Fronteras (RSF) acoge con satisfacción el acuerdo político, que se alcanzó el 11 de marzo, sobre el marco legislativo europeo para la protección de los denunciantes. Sin embargo, RSF lamenta que el acuerdo limite las circunstancias en las que merecen protección los denunciantes que acuden a los medios.
A pesar de las difíciles negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (que representan a los Estados miembros de la UE), el acuerdo representa un avance real y abre el camino a la adopción definitiva de una directiva europea para la protección de los denunciantes antes de las elecciones del próximo mayo.
«Este es un gran avance para la protección de los denunciantes, además de para la lucha contra la corrupción y para la democracia», manifiesta Julie Majerczak, representante de Reporteros Sin Fronteras ante las instituciones europeas. «La relevante función de los denunciantes en la divulgación de información de interés público ha sido confirmada repetidamente en los últimos años, en casos como el de los Papeles de Panamá, LuxLeaks y el escándalo Mediator en Francia. No obstante, RSF lamenta que los informantes que acuden directamente a los medios solo estén protegidos por este acuerdo bajo determinadas condiciones».
De hecho, el compromiso alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE permite proteger a los denunciantes que acuden directamente a los medios de comunicación solo cuando exista un peligro inminente o manifiesto para el interés público, riesgo de represalias o riesgo de manipulación de pruebas, pero también cuando la autoridad pública en cuestión esté implicada de alguna manera en la infracción.
RSF lleva años pidiendo la protección más amplia posible para quienes, a menudo con un gran riesgo para ellos mismos, informan a la ciudadanía sobre actividades que amenazan el interés público. Limitar la capacidad de un denunciante de recurrir a periodistas para así informar al público equivale a limitar el derecho de la ciudadanía a la información.
