UNIÓN EUROPEA | Libertad de Prensa: Progresos e incertidumbres en la nueva Comisión Europea
Reporteros Sin Fronteras (RSF) celebra el nombramiento, en el seno de la nueva Comisión Europea, de una vicepresidenta responsable de la libertad de prensa, pero manifiesta su preocupación por la designación de un antiguo ministro de Justicia del gobierno de Viktor Orban al frente de la cartera de Ampliación. RSF pide al Parlamento Europeo que bloquee el nombramiento de este último.
La futura presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el martes 10 de septiembre a su nuevo equipo. La nueva responsable del Ejecutivo comunitario ha decidido nombrar al frente de la cartera de Política de Vecindad y Ampliación al ex ministro de Justicia de Viktor Orban, László Trócsányi(*).
«¿Cómo se puede creer que László Trócsányi garantizará el respeto al Estado de derecho, la libertad de prensa y el pluralismo de los medios en los países candidatos cuando ha sido uno de los arquitectos del retroceso de las libertades en su país?», denuncia Julie Majerczak, representante de RSF ante las instituciones europeas. «Esta elección plantea una serie de interrogantes sobre el deseo real de la Comisión de promover el Estado de derecho, los derechos humanos y la libertad de prensa en la UE y en terceros países».
RSF pide a los eurodiputados que denieguen esta cartera al candidato de Orban. Los eurodiputados deben examinar a cada comisario designado a finales de este mes.
Por otra parte, RSF se congratula de que la libertad de información sea uno de los temas centrales dentro de la vicepresidencia de Valores y Transparencia que ocupará la actual comisaria europea de Justicia, Vera Jourova.
En su Carta de Mandato, la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirma su voluntad de dar un nuevo impulso a la democracia europea y especifica que la lucha contra la desinformación, así como la defensa del pluralismo de los medios de comunicación, se encuentran entre sus principales prioridades.
«Es una señal positiva que la libertad de prensa y el pluralismo de los medios sean temas de primer orden para la presidenta de la Comisión», asegura la representante de RSF en la UE, Julie Majerczak. “Durante la campaña electoral europea, RSF elaboró un documento con 10 propuestas para que la UE haga de la información gratuita e independiente una prioridad para los próximos cinco años. Ahora estamos esperando que este prometedor comienzo en la nueva Comisión se traduzca en acciones concretas. Y estaremos atentos”.
La Vicepresidencia de Valores y Transparencia estará en manos de la checa, Vera Jourova, actualmente a cargo de la cartera de Justicia, del Ejecutivo presidido por Jean-Claude Juncker, cuyo mandato expira el próximo 31 de octubre. RSF pide a Jourova que continúe demostrando la misma independencia e integridad en sus futuros cargos como lo hecho hasta la fecha.
Además, para defender de manera eficaz la libertad de prensa, la independencia y el pluralismo de los medios en una Europa donde las agresiones contra los periodistas se multiplican, RSF aboga por un examen periódico del respeto a la libertad de información en todos los Estados a través de la elaboración de un informe independiente, que podría conducir a recomendaciones específicas para cada país y posibles sanciones en caso de violaciones graves.
Asimismo, cuando se constate la vulneración de los derechos fundamentales, especialmente si se trata de ataques contra la integridad física de los periodistas, RSF propone que las ONG y los defensores de la libertad de prensa puedan remitir el asunto con urgencia a la Comisión Europea para que esta intervenga lo antes posible ante las autoridades nacionales competentes.
Por otra parte, con el fin de combatir el fenómeno de la información falsa, RSF considera que se debe dar prioridad a la fiabilidad de los contenidos y no a una política represiva que es difícil de aplicar y peligrosa para la libertad de expresión. En este contexto, RSF pide a la Unión Europea el reconocimiento y el apoyo al proyecto “Journalism Trust Initiative”, un dispositivo de autorregulación de los medios de comunicación para luchar contra la desinformación en línea que distingue la información fiable a través de una serie de indicadores sobre la transparencia de los medios, la independencia editorial, la implementación de métodos periodísticos y el respeto a las normas deontológicas.
Igualmente, con vistas a proteger mejor el espacio público de los ataques de los troles, mercenarios creados por regímenes autoritarios, y la aceleración de la difusión de informaciones manipuladas, RSF hace un llamamiento a los países europeos para que respalden la iniciativa «Información y Democracia» lanzada por la organización en noviembre de 2018 y que ya cuenta con el apoyo de una veintena de Estados democráticos.
RSF también aboga por la creación de un nuevo marco legislativo que permita responsabilizar a aquellas plataformas digitales que no cumplan con sus obligaciones frente a las violaciones de la libertad de opinión y expresión en internet.
Finalmente, RSF pide que la UE se dote de autoridad para imponer sanciones específicas e individuales contra los responsables de violaciones graves de la libertad de prensa y de la seguridad de los periodistas en terceros países, siguiendo el modelo de la estadounidense «Ley Magnitsky».
RSF insta a los eurodiputados a interrogar a los comisarios designados del nuevo Ejecutivo comunitario sobre estos temas durante la audiencia prevista en el Parlamento Europeo a finales de mes, especialmente a Vera Jourova, pero también a Margrethe Vestager (vicepresidenta segunda para asuntos digitales y competencia), Didier Reynders, (Justicia) Sylvie Goulard (Mercado interior digital) así como a Josep Borrell (Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad).
Tras las audiencias parlamentarias de los comisarios, los eurodiputados deben decidir si dan su aprobación al nuevo Colegio de Comisarios en una votación plenaria programada para el 23 de octubre.
(*) El nombramiento Trócsányi ha suscitado una viva polémica, ya que participó activamente en la redacción de leyes declaradas incompatibles con los estándares europeos.