UZBEKISTÁN | Diez años después de la masacre de Andiján, la situación de los derechos humanos es deplorable

Diez años después de que el ejército matase a cientos de civiles en la ciudad uzbeca de Andiján, un grupo de organizaciones, entre ellas Reporteros Sin Fronteras, alertan del peligro de que se olvide esta matanza, recuerdan que las cárceles de Uzbekistán están llenas de presos políticos y denuncian la deplorable situación de los derechos humanos en el país.  

París, 11 de mayo 2015. Cuando se cumplen diez años de la masacre de Andiján, la FIDH, Reporteros Sin Fronteras (RSF), la ACAT (Acción de los Cristianos contra la Tortura) y Fiery Hearts Club previenen a la comunidad internacional sobre el peligroso olvido de una de las matanzas de civiles más sangrientas de Asia Central. Además de establecer un precedente, la indiferencia no tiene en cuenta los cientos de hombres desarmados, mujeres y niños enterrados en fosas comunes después de que el ejército los fusilase indiscriminadamente. Se les niega la justicia que nunca se hizo en el simulacro de juicio organizado por las autoridades uzbekas.

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Es la mayor tragedia de la nación uzbeka desde su independencia en 1991. La masacre ha vuelto aún más precarias las condiciones de los derechos humanos en un país que hoy en día cuenta con miles de prisioneros políticos. «La tragedia de la masacre de Andiján todavía lo es, ya que todos, incluyendo a las víctimas, prefieren guardar silencio por temor al acoso, la persecución, la cárcel y la tortura», lamenta Mutabar Tadjibaeva, jefe de la organización internacional de derechos humanos Fiery Hearts Club, miembro de la FIDH uzbeka.

El 13 de mayo de 2005, el mundo se horrorizó por una masacre sin precedentes de la población civil en la ciudad oriental de Andiján, en Uzbekistán. Ese día, miles de manifestantes se reunieron en la principal plaza de la ciudad. Horas más tarde, los soldados comenzaron a disparar contra ellos y mataron a cientos de personas. El recuento de muertos nunca pudo ser verificado de forma independiente. Las autoridades uzbekas ponen la cifra de muertos en 187, pero otras estimaciones hablan de 500 e incluso de 1.000 víctimas.

Diez años después de la sangrienta represión de una manifestación pacífica para pedir reformas y más libertad, el gobierno no ha permitido ninguna investigación independiente, y quienes se han atrevido a abordar la cuestión de la masacre perpetrada por el gobierno languidecen en prisión o se han visto obligados a exiliarse.

Las organizaciones de derechos humanos estiman que, en la actualidad, hay entre 10.000 y 12.000 personas detenidas por motivos políticos en Uzbekistán. El número exacto es difícil de establecer y la información sobre las detenciones es escasa, ya que la represión de Estado hace imposible que las organizaciones de derechos humanos puedan realizar actividades de evaluación eficientes.

«Las denuncias de tortura y tratos inhumanos durante las detenciones no pueden ser investigados de forma independiente y, sin embargo, nuestro último informe muestra que la tortura sigue siendo sistemática y la impunidad prevalece cuando los torturadores no son castigados», afirma Christine Laroque, Jefe para Asia y Asia Central de la ACAT.

«Los pocos medios de comunicación independientes y extranjeros que quedaban en el país fueron inmediatamente prohibidos después de la masacre. Las oficinas de los medios de comunicación fueron cerradas, los corresponsales extranjeros fueron expulsados ​​y los principales sitios web de información independientes llevan bloqueados desde entonces», recuerda Johann Bihr, director para Europa del Este y Asia Central de RSF. La fuerte mordaza con la que el régimen atenaza a la sociedad elimina cualquier voz crítica que pudiera exponer las violaciones de los derechos humanos del país: los trabajos forzados, la esclavitud infantil en los campos de algodón, la esterilización forzosa de las mujeres, la ausencia de medios de comunicación independientes o de participación política, las detenciones arbitrarias y las torturas.

Hoy, diez años después de la masacre, las sanciones establecidas por la comunidad internacional han sido levantadas hace mucho, cuando la situación de los derechos humanos es más grave que nunca. FIDH, ACAT, RSF y Fiery Hearts Club denuncian el silencio y el olvido que reina en torno al tema de la masacre de Andiján e instan a los Estados a condicionar sus colaboraciones con Uzbekistán en la mejora verificable de la situación de los derechos humanos.