- El país acaba de aprobar la polémica Ley contra el Racismo, que ha provocado protestas de la profesión periodísticas
- En sendas entrevistas, Reporteros sin Fronteras ofrece los puntos de vista de los periodistas y el gobierno
Tras el voto de la Ley contra el Racismo y la polémica que ésta provocó entre los diferentes sectores de la prensa, el gobierno boliviano planea establecer una ley sobre los medios de comunicación en 2011. En el contexto, a menudo tenso, de los debates sobre las libertades públicas, Reporteros sin Fronteras quiere conceder la palabra a Ronald Grebe López, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) de Bolivia, y a Idón Chivi, Director General de la Administración Pública Plurinacional del Ministerio de Culturas.
El primero, crítico del gobierno de Evo Morales, denuncia la falta de concertación que marcó la adopción de la Ley contra el Racismo de la que, no obstante, aprueba el principio. El segundo, funcionario del gobierno, lamenta la reacción corporativista y desproporcionada de la profesión en torno al mismo texto.
Reporteros sin Fronteras se complace en poder propiciar un diálogo gracias a estos dos interlocutores. En vista de la elaboración de la ley sobre los medios de comunicación, la organización busca exponer y confrontar de forma equilibrada los dos puntos de vista. Como Argentina, con la ley SCA o Ecuador, con la Ley de Comunicación, aún en suspenso, Bolivia contará pronto con un nuevo marco de regulación del espacio mediático.
De entrada, no criticamos el principio de una ley. La ley argentina recibió nuestro apoyo porque ofrecía perspectivas importantes en materia de pluralismo y de desconcentración de los medios de comunicación. No obstante, expresamos nuestras reservas sobre la ley ecuatoriana que, inspirándose en algunos puntos de la precedente, también aspiraba a promover una “información verídica, oportuna y contextualizada”. Si bien estimamos que sólo una ley puede definir y regular formalmente un marco mediático, pensamos que ninguna ley puede decidir el contenido y el valor de la información sin comprometer la libertad de expresión. Así, esperamos continuar el debate con los actores implicados.
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Ronald Grebe López Presidente de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) de Bolivia«Insistiremos con la campaña por la libertad de expresión» |
Reporteros sin Fronteras: ¿Cómo evalúa el proceso de propuesta y aprobación de la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación?
Ronald Grebe López: Hay que tener en cuenta que, como representantes de la profesión, este año fuimos relegados varias veces de los procesos de discusión de algunas normas que tienen que ver directamente con nuestro trabajo.
Cuando se discutía la Ley del Régimen Electoral no se nos consultó pese a que las campañas de publicidad electorales nos conciernen directamente. En cuanto al proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, se preparaba una audiencia pública. Los gremios hicimos llegar nuestras observaciones y sugerencias a las autoridades competentes. Sin embargo, no se nos convocó y la discusión de ese proyecto de ley quedó en nada.
Durante la consultación de la Ley 045, la Asociación Nacional de la Prensa y la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia fueron invitados al Palacio de Gobierno, pero de un día para otro, sabiendo que los dirigentes viven en el interior del país y no pueden llegar en pocas horas.
Pocos días después el Presidente Morales anunció públicamente que esta ley se aprobaría sin modificaciones, incluyendo los dos artículos más polémicos, el 16 y el 23. Aclaramos que estamos de acuerdo con la Ley contra el Racismo, pero sin esos dos artículos. Esta ley fue elaborada de manera muy acelerada. Incluso la propuesta original del diputado Jorge Medina, autor de la iniciativa de ley, fue modificada y dejada de lado. Esto generó una movilización nacional de periodistas y de los medios de comunicación.
¿Por qué no participaron en el reciente proceso de reglamentación de la Ley 045?
Porque el Senado (que aprobó la versión definitiva) no tomó en cuenta nuestras propuestas iniciales. ¿Cómo nos iba a escuchar en el proceso de reglamentación, que se encontraba directamente en manos del gobierno? También por esta razón, apoyándonos en el artículo 11 de la Constitución, relativo a la Iniciativa Legislativa Ciudadana, organizamos una movilización con el lema: “Un millón de firmas por la libertad de expresión”. En realidad nunca hablamos de llegar a un millón de firmas o a 800.000; hasta el momento, tenemos contabilizadas unas 400.000.
De cualquier manera, se estableció que el reglamento deberá estar concluido el 8 de enero de 2011.
Seguramente se establecerán sanciones para periodistas y medios de comunicación. Queremos leer ese reglamento cuando sea aprobado. Sólo queda analizarlo. Luego insistiremos con la campaña por la libertad de expresión y la Iniciativa Legislativa Ciudadana. Si esto no funciona, apelaremos a organismos internacionales.
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Idón Chivi Director General de la Administración Pública Plurinacional del Ministerio de Culturas«Algunas élites mantienen actitudes racistas» |
Reporteros sin Fronteras: ¿Cuál es el resultado del proceso de propuesta y aprobación de la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación?
Idón Chivi: Desde que entró en vigor la Ley 045, el 8 de octubre de 2010, hemos realizado nueve jornadas de consultación para reglamentar esta ley, una en cada departamento. Hemos recibido unas 300 propuestas, orales y escritas, así como tres propuestas integrales que fueron presentadas por el Defensor del Pueblo, la Red de Derechos Humanos y la Red Erbol.
En lo que se refiere a los medios de comunicación, el equipo técnico responsable de esta reglamentación concentra su atención en dos puntos: “la difusión o autorización de mensajes racistas” y “el dolo o la intención manifiesta de difundir ideas racistas”. Sin embargo, como equipo técnico, lo que discutimos es el nivel disciplinario o administrativo, pues el otro ámbito, mencionado en el artículo 23 de la ley (incorporación de las disposiciones del Código Penal a la Ley 045), es administrado directamente por el Poder Judicial y eso no nos compete. Uno de los temas que discutimos, por ejemplo, es la suspensión temporal o definitiva de las licencias de radios y canales de televisión.
En todo caso, hemos tomado en cuenta las legislaciones de España, Argentina y de otros países que también sancionan la difusión de ideas racistas. Además, contamos con una recomendación del representante del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos, Denis Racicot, quien subraya que la libertad de prensa no debe ser utilizada con fines de discriminación o racistas.
¿Cómo percibe el conflictivo proceso de la nueva ley?
No debemos olvidar que para llegar a esta ley y su reglamento hemos tenido que pasar por los acontecimientos del 11 de enero de 2007 (enfrentamientos entre estudiantes y campesinos en Cochabamba), el 24 de mayo de 2008 (vejaciones y humillación de estudiantes universitarios contra campesinos en el centro de Sucre) y del 11 de septiembre de 2008 (masacre de diez personas en Pando, la mayoría campesinos). Estos dolorosos acontecimientos han demostrado que algunas élites mantienen actitudes racistas. Por ello, surgió la iniciativa gubernamental y legislativa de discutir y aprobar esta ley.
Algunos medios de comunicación han destinado hasta 16 horas diarias para enviar mensajes contra la Ley. Asimismo, esta discusión resultó un gran negocio para los medios que practican el racismo, pues el gobierno ha tenido que explicar la ley y responder a algunas alusiones con publicidad precisamente en los medios de comunicación que más practican racismo.
Algo que nos llamó la atención en este proceso es que la gente no está preocupada por la libertad de expresión o los medios de comunicación: 78% de las propuestas recibidas en las jornadas departamentales se refieren al racismo en la educación, la administración pública u otros; sólo 22% de ellas se refirieron al periodismo.
¿Qué opina de las protestas de los periodistas y de los propietarios de los medios de comunicación?
Los periodistas están divididos. Esto es claro, pues algunos de ellos, afiliados a la ANP, han participado en la reglamentación de la ley y muchos de ellos han presentado propuestas concretas. En el caso de los medios de comunicación, hay unidad. No obstante, es evidente que los empresarios son los que deciden la línea editorial de los medios de comunicación privados y que los conductores de programas de televisión sólo son operadores políticos.
¿Qué pasará cuando sea aprobado el reglamento de la Ley 045?
En lo que concierne a faltas administrativas, los periodistas y los medios de comunicación sólo tienen que acatar lo que establezca en el reglamento. En lo que se refiere a los delitos, la responsabilidad de juzgarlos corresponde a los fiscales y jueces. No hay otra salida.
La discusión y el debate abiertos sobre de la Ley 045 nos mostró que, más que en el caso de otras leyes, hubo una reacción corporativa de los medios de comunicación. Desde el 8 de enero comenzaremos a trabajar en la Ley de los Medios de Comunicación. Sólo hemos dado un primer paso.
