CLASIFICACIÓN 2021 | En AMÉRICA LATINA, casi todos los indicadores están en rojo

La Clasificación 2021 de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF) 2021 revela un deterioro generalizado de la situación en América Latina. Con algunas raras excepciones, el entorno laboral de los periodistas, que ya era hostil y complicado antes de la crisis del coronavirus, se ha deteriorado aún más.

La crisis del coronavirus ha actuado como un acelerador de la censura en América Latina y ha creado serias dificultades para acceder a información sobre la gestión de la epidemia por parte de los gobiernos de la región. Estas limitaciones se han traducido en un espectacular deterioro del indicador que mide las dificultades de acceso a la información para los periodistas. Además, Latinoamérica registra este año el peor retroceso (el +2,5%) entre los indicadores regionales.

En Brasil (111º, -4), el acceso a las cifras oficiales sobre la epidemia se volvió sumamente complejo por la falta de transparencia del gobierno de Jair Bolsonaro, que intentó por todos los medios minimizar el alcance de la crisis y generó innumerables tensiones entre las autoridades y los medios de comunicación nacionales (ver recuadro más abajo).

En El Salvador (82º, -8) país que registra una de las mayores caídas en en la Clasificación 2021, el trabajo de los periodistas encargados de cubrir la pandemia también se vio ampliamente obstaculizado: la policía se incautó de material periodístico, se prohibió el acceso a espacios públicos, hubo falta de transparencia en el acceso a la información pública, los funcionarios presidenciales se negaron a responder preguntas sobre el coronavirus durante las ruedas de prensa, e incluso se prohibió entrevistar a representantes del Estado sobre el asunto.

Entre la negación y la intención de poner en cuarentena a los medios

También se observaron prácticas de obstrucción similares en Guatemala (116º), donde el presidente Alejandro Giammattei expresó su deseo de “poner en toque de queda a los medios”, o en Ecuador (96º, +2). Frente a la pandemia, esta actitud de rechazo adoptada por varios líderes autoritarios como Daniel Ortega en Nicaragua (121º, -4), Juan Orlando Hernández en Honduras (151º, -3) o incluso Nicolás Maduro en Venezuela (148º, -1) dificultaron especialmente la tarea de los medios. Estos mandatarios aprovecharon la onda expansiva provocada por la crisis para fortalecer su arsenal de censura y complicar aún más la labor informativa de la prensa independiente. A los periodistas se les acusó públicamente de exagerar la gravedad de la crisis sanitaria y de sembrar el pánico en el espacio público. Quienes se atrevieron a cuestionar la respuesta oficial de las autoridades para combatir la pandemia fueron detenidos, acusados ​​de practicar el «terrorismo de desinformación» y, en ocasiones, encarcelados, como le ocurrió al periodista independiente venezolano Darvinson Rojas, que en un mensaje de Twitter puso en duda la credibilidad de las cifras oficiales.

El discurso de la clase política contra los medios

En todo el continente, los periodistas prosiguen con su trabajo de información en un entorno cada vez más dañino y tóxico. La desconfianza hacia la prensa se alimenta de la retórica antimediática de la clase política latinoamericana, cuya agresividad va creciendo. En Brasil y El Salvador, pero especialmente en Nicaragua y Venezuela -donde la prensa independiente agoniza-, a los periodistas se les califica como “enemigos del pueblo”. Lo mismo ocurre en Cuba (171º), que permanece estancada en las profundidades de la Clasificación y donde la prensa independiente -que no tiene reconocimiento legal, ya  que La Constitución prohíbe los medios privados-, solo puede existir a través de internet. En México (143º), que sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para la prensa, el presidente López Obrador sigue estigmatizando a los periodistas durante “las mañaneras” -sus conferencias de prensa matutinas-, cuando se publican informaciones contrarias a sus intereses.

Una amenaza con múltiples formas

La normalización de estos discursos estigmatizantes debilita a la profesión y genera ataques cada vez más enérgicos y violentos contra los medios de comunicación. RSF ha observado un aumento de los procesos judiciales abusivos contra la prensa, generalmente emprendidos por cargos electos o representantes del Estado, en países como Perú (91º, -1), Argentina (69, -5), e incluso Brasil y Nicaragua.

La proliferación de las campañas de difamación, intimidación y acoso en internet contra periodistas, tanto si surgen de figuras públicas como de entidades secretas, representa otra fuerte tendencia en la región, sobre todo en Colombia (134º, -4) y en Brasil. Con frecuencia, los principales objetivos de estos ataques coordinados son mujeres periodistas.

Lejos de haberse debilitado, la violencia física contra periodistas y “comunicadores” (el término “comunicador”  engloba a los periodistas independientes, blogueros, etc., que no trabajan para los principales medios nacionales, N. d. A.) ha contribuido a que se deteriore aún más, el 15%, el indicador de “Agresiones” de la Clasificación. En Haití (87º, -4) o Chile (54º, -3), cubrir las manifestaciones se ha convertido en una actividad extremadamente peligrosa. En México, Honduras y Colombia les costó la propia vida en 2020 a 13 periodistas que, en su mayoría, habían investigado sobre la corrupción y el crimen organizado. La impunidad de los crímenes contra los periodistas continúa alimentando el círculo vicioso de la violencia en la región.

A causa de un marco legislativo que ofrece poca protección y de la crisis económica causada por la pandemia, la prensa independiente se enfrenta a retos gigantescos y aún debe recuperar la confianza del público en el periodismo de calidad. Sin embargo, en esta difícil coyuntura, es la labor periodística la que ha permitido contrarrestar la información falsa difundida por las autoridades públicas sobre los orígenes de la pandemia o sobre las soluciones para afrontar la crisis sanitaria. Este ha sido el caso de Venezuela y de Brasil, donde los respectivos presidentes, Maduro y Bolsonaro, promovieron a través de las redes sociales y de campañas de comunicación pública medicamentos (Carvativir y cloroquina, N. d. A.) cuya eficacia nunca ha sido probada por el sector médico. En ambos casos, las encuestas o artículos detallados que publicaron en particular Agência Pública en Brasil o El Estímulo y Efecto Cocuyo -que se encuentran entre los últimos periódicos independientes de Venezuela-, han venido a recordar los peligros de estas campañas para la población y, de paso, el valor de la información confiable para combatir eficazmente la epidemia.