Durante el mes de marzo, tres periodistas independientes —Yoani Sánchez, Camila Acosta y Mabel Páez— han denunciado haber sido colocadas bajo vigilancia policial o sometidas a un arresto domiciliario de facto, en el contexto de las manifestaciones por el agravamiento de la crisis energética en la isla que todas ellas cubrían. Se trata de restricciones manifiestamente arbitrarias que obstaculizan el trabajo de interés público que realizan los profesionales de la información.
Tres periodistas han denunciado un patrón de acoso destinado a impedir su labor periodística en un contexto de creciente descontento social. El 9 de marzo, Camila Acosta, corresponsal del diario español ABC y del portal de noticias Cubanet, alertó en redes sociales de que agentes de la Seguridad del Estado apostados cerca de la Universidad de La Habana le habrían impedido cubrir una sentada de estudiantes que exigían la reanudación de las clases universitarias, suspendidas debido a prolongados cortes de electricidad. También informó de una segunda operación frente a su domicilio el 10 de marzo, y nuevamente el día 15, afirmando que agentes de seguridad rodeaban su residencia en La Habana.
También el 15 de marzo, la directora del medio independiente 14ymedio, Yoani Sánchez, denunció en redes sociales que un agente de la Seguridad del Estado vestido de civil le impidió salir de su edificio en La Habana, sin presentar identificación ni orden judicial. Ese mismo día, según información confirmada a RSF por el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y de Prensa (ICLEP), la periodista Mabel Páez, directora del medio local El Majadero de Artemisa, fue informada por las autoridades locales en esa localidad al suroeste de La Habana, de que tenía prohibido salir de su domicilio “hasta nuevo aviso”, bajo amenaza de represalias.
El recurso a la vigilancia policial y a restricciones arbitrarias de la libertad de circulación para impedir que los periodistas salgan de sus hogares constituye una forma de censura previa destinada a bloquear la cobertura de acontecimientos de interés público. En un momento en que los cubanos se enfrentan a una grave crisis energética y un creciente descontento social, es esencial que los periodistas independientes puedan trabajar libremente. RSF llama a las autoridades cubanas a poner fin de inmediato a estas prácticas y a garantizar que los reporteros puedan ejercer su labor sin intimidación ni restricciones arbitrarias.
Artur Romeu. Director de RSF América Latina.
Estos incidentes se producen en un contexto de creciente descontento social provocado por prolongados apagones y por una crisis económica y energética que se agrava en toda Cuba, lo que ha generado manifestaciones recurrentes en varias provincias. RSF ya ha documentado cómo las autoridades cubanas recurren a la vigilancia, a detenciones arbitrarias y a arrestos domiciliarios de corta duración para impedir que los periodistas cubran momentos de tensión social, especialmente desde la represión que siguió a las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
En los últimos años, la presión ejercida sobre la poda prensa independiente que queda en Cuba se ha intensificado aún más, con casos como el exilio forzado del periodista José Luis Tan Estrada a finales de 2024 y la adopción de la Ley de Comunicación Social de 2024, que refuerza el control del Estado sobre los medios y la expresión en Internet. Cuba figura entre los peores países del mundo para ejercer el periodismo en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF. La isla sigue siendo uno de los entornos más restrictivos para el periodismo en América Latina, donde los reporteros independientes afrontan acoso, vigilancia y la amenaza constante de detención o exilio.
