Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha documentado cuatro casos de amenazas de muerte contra periodistas en Ecuador entre enero y febrero de 2026, un aumento alarmante si se compara con los tres casos registrados por una organización aliada de RSF durante todo el año 2025. Las amenazas — llamadas telefónicas y mensajes directos — suelen producirse tras la publicación de reportajes sobre redes criminales, presuntas irregularidades en la gestión municipal de tierras y otros temas locales sensibles. Algunos de estos amedrentamientos se dirigen a familiares de los periodistas. Este repunte se produce en medio de nuevas normas que restringen el acceso de los medios a coberturas oficiales, lo que suscita preocupación sobre la protección de los periodistas y el estado de la libertad de prensa en el país.
El 7 de febrero de 2026, en la región andina de Ecuador, el periodista independiente Jonathan David Quezada Castillo recibió amenazas de muerte vinculadas a publicaciones en redes sociales que se le atribuían sobre denuncias de habitantes locales en Guaranda, capital de la provincia de Bolívar, en una página de Facebook para la cual, según afirma, nunca ha producido contenido ni administrado. Este caso es un claro ejemplo de cómo la desinformación se utiliza con frecuencia para alimentar graves amenazas contra periodistas. En sus denuncias ante la Fiscalía, el periodista declaró haber recibido un mensaje de audio por WhatsApp con amenazas desde un número con código de país colombiano y que, tras presentar una primera denuncia, recibió otra amenaza de muerte tanto contra él como contra su familia. Según información de RSF, la Fiscalía ha iniciado recientemente diligencias investigativas en el caso. RSF ya había documentado amenazas previas contra Jonathan David Quezada Castillo en 2024.
En la frontera norte, el 23 de enero de 2026, Jonathan Bonifaz, director del medio digital Llamingo EC, recibió una amenaza de muerte vía WhatsApp después de publicar información sobre grupos criminales que operan en la zona. Según ha informado el periodista a RSF, sus fuentes indicaron que dos individuos habían sido enviados a Quito, la capital de Ecuador, para matarlo en represalia por su trabajo. El periodista se vio obligado a trasladarse y mantener en secreto su ubicación, lo que dificulta enormemente continuar las investigaciones en un territorio marcado por la presencia de grupos criminales y la violencia transfronteriza. Según información de RSF, se presentó una denuncia ante la Fiscalía y la organización local Periodistas Sin Cadenas, aliada de RSF, brindó apoyo psicológico al periodista. Sin embargo, debido a que el mecanismo estatal de protección depende en gran medida de factores de ubicación en su logística, resulta difícil implementar medidas de protección cuando la persona debe ocultar su paradero.
El 6 de enero de 2026, Joffre Paredes Ronquillo, periodista y presentador del programa “Sin Anestesia” en el canal digital KLN, recibió un mensaje de texto en su teléfono celular en el que se le informaba que estaba siendo vigilado y se le amenazaba a él y a su familia. El mensaje fue enviado después de sus reportajes sobre presuntas irregularidades en la gestión de tierras en la ciudad costera de La Libertad, provincia de Santa Elena. Según datos de RSF, el caso fue reportado a la Fiscalía y el periodista fue incluido en un esquema de protección que contempla un botón de pánico, escolta policial al salir de su domicilio y patrullajes policiales diarios frente a su casa. A pesar de estas medidas de seguridad, su labor se vio inmediatamente afectada, ya que redujo su tiempo en espacios públicos y limitó sus coberturas.
De manera similar, el 15 de enero de 2026, Fernando Muñoz, periodista de Radio Salinas, fue amenazado de muerte tanto en persona como vía WhatsApp para que no transmitiera una entrevista con un activista sobre presunta corrupción en la venta de terrenos en la ciudad de Salinas, también en la provincia de Santa Elena. Los mensajes lograron su objetivo y la entrevista fue cancelada. Este episodio de autocensura restringió el derecho de la audiencia local a estar informada sobre un asunto que les concernía directamente. Según información de RSF, el caso fue reportado al mecanismo de protección, pero el periodista decidió no presentar una denuncia formal y mantener un perfil bajo — una decisión común, ya que los periodistas amenazados a menudo no confían en que las instituciones estatales los protejan de manera efectiva y temen que presentar una denuncia formal pueda aumentar su riesgo.
Estas amenazas de muerte no son incidentes aislados en Ecuador: son una herramienta utilizada para silenciar investigaciones sobre corrupción local, economías ilegales y crimen organizado. Y el impacto es inmediato: la cobertura se reduce a medida que los periodistas se autocensuran e incluso huyen de las zonas donde informan por razones de seguridad. La respuesta del Estado sigue siendo insuficiente, y su capacidad para investigar y prevenir estos ataques se ve aún más debilitada por decisiones oficiales que restringen el acceso de la prensa a la información pública. RSF insta a las autoridades ecuatorianas a fortalecer urgentemente los sistemas de protección para periodistas amenazados e investigar estos casos — incluyendo análisis forenses de los mensajes, grabaciones de audio y números telefónicos — para garantizar que los responsables sean identificados y sancionados. La ONG también advierte de que la adopción de medidas restrictivas contra la prensa representa un grave riesgo para el acceso del público a la información en un país que ya enfrenta un preocupante aumento de amenazas contra periodistas.
Artur Romeu. Director de RSF América Latina.
Amenazados y restringidos
Este entorno laboral hostil para los periodistas se ve agravado por el aumento de restricciones impuestas por el Estado a la prensa. El 28 de enero de 2026, las Fuerzas Armadas emitieron un documento interno, al que tuvo acceso RSF, que establece reglas para determinar qué periodistas y medios de comunicación pueden acceder a la cobertura de sus eventos oficiales, filtrando a los medios según su línea editorial y publicaciones anteriores, y permitiendo la exclusión de aquellos que, a juicio de los militares, “dañen” la imagen de la institución. Aunque la medida no está vigente, según informaron públicamente las fuerzas armadas, su emisión y anuncio pone de relieve la apatía del gobierno frente al deterioro de la libertad de prensa en el país.
