Nuestro país desciende hasta el puesto 29 por el agravamiento de la salud económica del sector y de la precariedad laboral, el “lawfare” contra periodistas, la politización de los medios (incluidos los públicos), y el aumento de la violencia contra profesionales de los medios, especialmente las mujeres.
España desciende en 2026 hasta el puesto 29 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), seis posiciones por debajo del año anterior, con una puntuación global de 75,42 puntos (−1,93), frente a los 77,35 puntos y el puesto 23 de 2025. Este retroceso obedece a un deterioro generalizado en todos los indicadores analizados.
La caída se explica principalmente por el empeoramiento del marco legal, el debilitamiento estructural del indicador económico, el impacto de la polarización política sobre el contexto sociocultural y el aumento de la hostilidad hacia los periodistas, que también afecta al indicador de seguridad.
Indicador político: de la polarización a la politización de los medios
El indicador político desciende hasta los 71,25 puntos (−1,21), con una caída de dos posiciones hasta el puesto 28 . Este retroceso refleja un contexto de creciente polarización que ha derivado en una progresiva politización de los medios, incluidos los públicos. La frontera entre información y opinión se desdibuja y debilita los estándares profesionales.
Esta tendencia afecta al conjunto del ecosistema mediático, mermando su credibilidad, e incluye a los medios públicos (tanto nacionales como autonómicos), donde la información como entretenimiento y los sesgos políticos tienden a instalarse en detrimento del rigor, la independencia editorial y el pluralismo.
Así lo han denunciado organismos profesionales como los Consejos de Informativos de RTVE, cuestionados por la presidencia de la corporación; una situación que preocupa a Reporteros Sin Fronteras y contraviene el espíritu del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), con el que se ha comprometido el Gobierno. Tampoco las radiotelevisiones autonómicas se libran de esta politización, que vulnera su misión de servicio público, erosionando la confianza ciudadana y contribuyendo a un clima de hostilidad hacia el periodismo por el que todos los medios –públicos o privados– se culpan entre sí, sin hacer autocrítica ni respetar colectivamente prácticas deontológicas comunes por el bien de la profesión.
Indicador económico: fragilidad estructural y una profesión precarizada en situación indigna
El indicador económico registra uno de los descensos más acusados, situándose en 55,67 puntos (−2,39) y cayendo hasta el puesto 40 (-6), una posición que sitúa a España fuera del grupo de referencia de sus países vecinos de Europa occidental, evidenciando una debilidad estructural muy preocupante.
El sector mediático español se enfrenta a un reto existencial: la precariedad laboral está cronificada, los periodistas tienen crecientes dificultades para acceder a salarios dignos y los modelos de negocio se ven profundamente afectados por la competencia de las plataformas digitales, que han erosionado los ingresos tradicionales.
A ello se suma una alta concentración del sector y una dependencia significativa de fuentes de financiación externas, incluida la publicidad institucional, lo que compromete la sostenibilidad y, potencialmente, la independencia editorial. Este indicador continúa siendo el principal lastre estructural de España en el Índice.
Marco legal: demoras legislativas y aumento de la presión judicial
Pese a mantenerse en una posición relativamente favorable, el indicador que mide el marco legal experimenta el mayor descenso en términos de ránking, con una caída de nueve posiciones hasta el puesto 26, y una puntuación de 80,58 puntos (−2,66).
Este deterioro se explica, en gran medida, por el aumento de las acciones judiciales abusivas contra periodistas (SLAPPs), utilizadas como mecanismos de intimidación. Estas prácticas no solo proceden de actores políticos o de su entorno, sino que en algunos casos vienen directamente del ámbito judicial, erosionando la libertad de información y fomentando la autocensura.
A ello se suma la incapacidad del Gobierno y de sus socios parlamentarios para avanzar en reformas clave, como la derogación de los aspectos más controvertidos de la “Ley Mordaza” o la revisión de los delitos de opinión. Pese al compromiso del Ejecutivo con el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA), su implementación sigue siendo parcial e insuficiente. Persisten déficits estructurales en temas como el organismo regulador del sector, la transparencia en la propiedad de los medios o la gobernanza de la publicidad institucional.
Contexto sociocultural: desconfianza y hostilidad hacia el periodismo
El indicador del contexto sociocultural desciende hasta los 79,04 puntos (−2,47), con una pérdida de siete posiciones (puesto 27) que refleja un cambio significativo en el entorno social. Tradicionalmente, la sociedad española ha ofrecido un contexto relativamente abierto, con bajos niveles de presión sobre los medios en ámbitos como el religioso, la igualdad o el respeto a las minorías. Sin embargo, la creciente politización del debate público y de los propios medios está generando una mayor crispación social, que se traduce en una actitud cada vez más hostil hacia la profesión periodística, una de las peores valoradas en las encuestas, con el consiguiente debilitamiento de su función democrática.
Seguridad de los periodistas: auge del acoso y la violencia digital, en especial contra las mujeres
La seguridad de los periodistas, aunque sigue siendo el indicador mejor valorado, desciende hasta los 90,55 puntos y cae siete posiciones hasta el puesto 35, confirmando un aumento de la hostilidad hacia los periodistas.
En este contexto, se observa con preocupación el auge de agitadores y activistas del ámbito de la extrema derecha, en ocasiones apoyados también por la derecha, que se presentan como periodistas, incluso en espacios institucionales como el Congreso de los Diputados. Estos actores interfieren en las coberturas informativas, hostigan a periodistas en el ejercicio de su trabajo y trasladan ese acoso a su esfera privada, contribuyendo a amplificar un clima de intimidación.
Destaca especialmente el crecimiento de la ciberviolencia y el ciberacoso, impulsado por dinámicas de polarización y amplificado por actores políticos y en ocasiones por medios afines a estas corrientes políticas. Este preocupante aumento de la violencia digital tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres periodistas, que son objeto de ataques más intensos, sistemáticos y personalizados, que en ocasiones saltan de lo virtual a lo presencial, introduciendo una vulnerabilidad adicional en el ejercicio de su profesión.
