ANÁLISIS POR REGIONES | La criminalización del periodismo lastra la libertad de prensa en todo el planeta
Europa – Asia Central: un retroceso generalizado, impulsado por el deterioro del marco legal
En 2026, la región de Europa del Este y Asia Central (EEAC) se mantiene en el penúltimo puesto de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, mientras que el conjunto de la Unión Europea y los Balcanes conserva la primera posición, a pesar de la erosión del contexto en el que se ejerce el periodismo.
A excepción de Kosovo, que experimenta una mejora (84; +15) pese a seguir entre los últimos puestos de Europa, la tendencia es a la baja en los Balcanes Occidentales. Aunque aspiran a ingresar en la Unión Europea, Albania (83; -3), Bosnia y Herzegovina (90; -4) y Serbia (104; -8) siguen siendo países hostiles al periodismo y permeables a la propaganda. En Europa del Este, Moldavia (31) se mantiene como el único país que ofrece un entorno “bastante bueno” para los medios de comunicación. En promedio, todos los indicadores que componen la Clasificación bajan en esta región, en particular el del marco legal.
Un arsenal jurídico para someter a los medios
Varias dinámicas convergentes explican el retroceso generalizado de la libertad de prensa en esta región, que se asemeja cada vez más a un gigantesco laboratorio donde los valores se invierten y una legalidad artificial sirve a los intereses del poder en detrimento de la libertad de información. Marcada por más de un año de crisis democrática y por la represión de las manifestaciones y de su cobertura, Georgia (135) pierde 21 puestos. La adopción de leyes restrictivas (sobre “agentes extranjeros”, financiación de los medios de comunicación, etc.), su aplicación represiva, así como las trabas al acceso a la información, reflejan un claro retroceso del Estado de derecho. En Armenia (50), que pasa a ser clasificada como “problemática”, la caída del indicador legal se explica por un mayor recurso a demandas abusivas por difamación y a iniciativas legislativas con efectos disuasorios sobre los medios.
En Kazajistán (149; -8), el endurecimiento del marco legal se articula con presiones indirectas, una extensión de la represión al espacio digital y un clima de impunidad. Kirguistán (146) también se suma a esta tendencia, con un notable debilitamiento de las garantías legales para los periodistas. En la parte más baja de la clasificación, Bielorrusia (165), Azerbaiyán (171), Rusia (172) y Turkmenistán (173) tienen puntuaciones del indicador legal de las más bajas del mundo, entre 22 y 32 puntos sobre 100. En Bielorrusia y en Rusia, la segunda mayor cárcel de periodistas del mundo y la primera para los extranjeros (ucranianos), las leyes antiterroristas o contra el extremismo se utilizan habitualmente para criminalizar la profesión.
En este contexto, Ucrania (55; +7) constituye una excepción relativa, con una ligera mejora de su puntuación global a pesar de la guerra de agresión rusa. Esta evolución se explica, en parte, por el dinamismo del sector mediático y por el trabajo de investigación que realizan los medios ucranianos, con el fin de reforzar la transparencia de la vida política del país.
Una aplicación desigual del derecho europeo por parte de los Estados miembros y los candidatos
Si bien el derecho a una información fiable y la libertad de prensa están protegidos por el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), que entró en vigor en agosto de 2025, numerosos Estados miembros y candidatos lo infringen. En Alemania (14), las leyes de seguridad nacional no se ajustan a los estrictos requisitos de protección de los periodistas y sus fuentes. Las disposiciones de la EMFA que garantizan la independencia de los medios públicos se ven cuestionadas por el marco normativo vigente o por distintos proyectos de ley, en especial en Bulgaria (71), Malta (67), Italia (56), Eslovaquia (37), España (29), Francia (25), Lituania (15) o incluso en la República Checa (11). Estonia (tercer puesto), donde la radiotelevisión pública tampoco se libra de las tentativas de presiones, cede su primer puesto en la UE a los Países Bajos (segunda posición global). En Hungría (74; -6), el Gobierno saliente de Viktor Orbán se ha negado a aplicar la EMFA, ha violado la libertad de expresión con la ayuda de la Oficina para la Protección de la Soberanía —herramienta de institucionalización del acoso a periodistas— y ha politizado la regulación de los medios. El país se encuentra entre los tres peores clasificados de la UE, junto con Chipre (80) y Grecia (86), donde la legislación europea no puede con la “oligarquización” de los medios, ni con las agresiones a periodistas.
Américas: En lugar de ayudar a los periodistas perseguidos, las autoridades los amenazan
La libertad de prensa en el continente americano acentúa su deterioro: desde 2022, ha perdido 14 puntos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, un descenso similar al registrado en las dos regiones del mundo más difíciles para el periodismo, Europa del Este y Asia Central (EECA), y Oriente Medio y Norte de África (MENA).
La profesión periodística lleva mucho tiempo sometida a una situación compleja, debido a la fragilidad económica del mercado de los medios de comunicación y, en América Latina, a la violencia persistente contra la prensa. En 2026, se afianza en toda la región una tendencia de las autoridades a agravar estas presiones mediante una retórica hostil, restricciones legales y administrativas, un acceso limitado a la información pública y la instrumentalización de los sistemas jurídicos para sofocar las coberturas mediáticas. El periodismo se criminaliza, se amordaza mediante procesos judiciales destinados a silenciarlo y, en los países azotados por la violencia de los cárteles, se vuelve cada vez más peligroso por la falta de protección a los profesionales de la información.
En Estados Unidos (puesto 64), los periodistas, que ya se enfrentaban a dificultades económicas y a una crisis de confianza del público, entre otros retos, deben ahora lidiar también con el uso sistemático de las instituciones del Estado como arma arrojadiza por parte del presidente Donald Trump. Este abuso institucional se hace mediante recortes presupuestarios a emisoras públicas como NPR y PBS, injerencias políticas en la propiedad de los medios e investigaciones judiciales con motivaciones políticas contra periodistas y medios no afines a la administración. Desde el regreso al poder de Trump, los periodistas también han sido blanco de ataques sobre el terreno durante las manifestaciones, en el marco de una de las crisis más graves para la libertad de prensa en la historia moderna de Estados Unidos.
Argentina (98) pierde 11 puestos en 2026 bajo el mandato del presidente Javier Milei, aliado de Donald Trump, y acumula, desde 2022, un descenso de más de 69 posiciones en la Clasificación, por el auge de la hostilidad institucional hacia la prensa y los actos de violencia contra los periodistas que cubren las manifestaciones. El Salvador (143; -8) también prosigue su tendencia descendente, y suma un retroceso de 74 puestos desde la llegada al poder, en 2019, del presidente Nayib Bukele, otro dirigente alineado con Donald Trump.
El gobierno salvadoreño ha intensificado la criminalización del periodismo, utilizando con frecuencia la Ley de Agentes del Extranjeros de 2025, que obliga a las personas y organizaciones que reciben financiación exterior a pagar un impuesto del 30 % sobre estos ingresos y otorga al gobierno amplios poderes para suspender o disolver las entidades que considere no conformes a la ley. En la práctica, esta normativa sirve como herramienta para silenciar a la disidencia. Combinada con procesos judiciales abusivos, ha obligado a decenas de periodistas a exiliarse en cuestión de meses.
En los países azotados por la violencia de los cárteles, como México (122), existe una necesidad acuciante de medidas de protección sólidas para garantizar la seguridad de la prensa; sin embargo, las autoridades de muchos de ellos no hacen más que agravar la situación. Ecuador (125), que registra la mayor caída de la región (-31 puestos), se enfrenta a una erosión sin precedentes de la seguridad de los periodistas, mientras la violencia relacionada con el crimen organizado se extiende por el país y unos responsables públicos cada vez más hostiles acentúan la presión sobre la prensa. Lo mismo ocurre en Perú (144;-14), donde cuatro periodistas fueron asesinados en 2025. Perú ha perdido 67 puestos en la Clasificación desde 2022, debido principalmente a una serie de iniciativas legislativas alarmantes, al auge del acoso judicial a periodistas y a campañas de desprestigio dirigidas contra los medios independientes.
Resulta preocupante constatar que algunas de estas tendencias —represión estatal y ataques directos— se asemejan a las formas más tradicionales de censura que prevalecen en países como Nicaragua (puesto 172), Cuba (165) y Venezuela (160), donde la libertad de prensa sigue estando en el nivel más bajo de la región.
Por el contrario, algunos países muestran signos de mejora o de relativa estabilidad. Brasil (52) acumula una subida de 58 posiciones desde 2022. Colombia (102) y Uruguay (48) registran avances, al igual que Guatemala (128), a pesar de la persecución continuada de periodistas como el fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora. Canadá (20) se convierte en líder regional de las Américas, tras el retroceso de Trinidad y Tobago (32), atribuible en parte al deterioro de la situación económica y política. RSF observa una tendencia similar en Belice (66), donde el descontento de los periodistas con sus condiciones de trabajo no deja de crecer.
Oriente Medio-Norte de África: El periodismo frente a las guerras, la censura y las leyes
La región de Oriente Medio y Norte de África (MENA) registra, este año, la peor coyuntura para la libertad de prensa del mundo, con 18 de 19 países en situación “muy grave” (11) o “difícil” (7).
El indicador legal: una palanca clave
En este contexto tan complejo, Siria (puesto 141; +36) destaca por una progresión histórica, un año después de la caída de Bashar al Assad. Aunque la situación sigue siendo “muy grave”, los cinco indicadores mejoran, especialmente el del marco legal. En retroceso en la mayor parte de la región, este indicador se convierte, sin embargo, en Siria en la principal palanca de mejora de las condiciones de ejercicio de la profesión, en un país traumatizado por años de masacre del periodismo.
Por su parte, Qatar (75; +4) conserva su primer puesto regional desde 2023, impulsado por las reformas jurídicas emprendidas antes del Mundial de fútbol. Líbano (115; +17) también avanza, a pesar de la guerra librada por Israel y de las presiones persistentes ejercidas sobre los periodistas. Una voluntad política renovada, unida a un ligero descenso de las agresiones cometidas contra los profesionales de la información en 2025, ha fomentado un clima de mayor lucha contra la impunidad y de menor uso de jurisdicciones no especializadas en los procesos judiciales contra periodistas. Palestina (156; +7) progresa en el contexto del alto el fuego con Israel (116), en vigor desde octubre de 2025. Se observan avances más modestos en Jordania (142; +5), así como en los Emiratos Árabes Unidos (158; +6).
La seguridad nacional como herramienta de represión
Por el contrario, la situación se deteriora en Israel (-4). Desde 2023, el Gobierno de Netanyahu no deja de endurecer las denominadas “leyes antiterroristas” contra la prensa, de encarcelar a periodistas palestinos y extranjeros, y de atacar a los reporteros en Gaza, Cisjordania ocupada, Jerusalén Este, y Líbano. Entre 2023 y 2026, más de 220 periodistas han sido asesinados en Gaza por el Ejército israelí con total impunidad, de los cuales al menos 70 debido a su profesión. En el Golfo Pérsico, los retrocesos son notables en Bahrein (170; -13) y en Arabia Saudí (176; -14), donde la férrea represión del periodismo se traduce en encarcelamientos, e incluso ejecuciones, como la infligida al periodista Turki al Jasser en 2025. Países con un contexto ya de por sí frágil también experimentan un deterioro: la situación en Yemen (164; -10) se agrava en todos los indicadores, mientras que en Irak (162; -7) se confirma una fragilidad estructural y un recrudecimiento de la violencia contra los reporteros.
En Egipto (169; +1), a pesar de algunas liberaciones emblemáticas, la prensa sigue sometida a fuertes restricciones. En Irán (177; -1), que se mantiene en la parte baja de la Clasificación, los ataques estadounidenses e israelíes se suman, desde marzo de 2026, a la represión del régimen, que amenaza y detiene a los periodistas y a sus familias de manera sistemática.
Una prensa amenazada en el Norte de África
En el Norte de África, el deterioro de la libertad de prensa ya no es un fenómeno coyuntural, sino estructural, impulsado por dinámicas políticas, económicas y de seguridad que se retroalimentan. En una Libia (138; -1) que sigue fracturada, los periodistas se ven a menudo obligados a servir a una de las partes en conflicto y forzados a la autocensura por un arsenal legislativo al que se añade una nueva ley sobre ciberdelincuencia. En los países sin guerra abierta, las restricciones siguen siendo difusas pero persistentes: en Argelia (145; -19), las detenciones, la censura y el ciberacoso se dirigen contra los medios independientes; en Túnez (137; -8), la instrumentalización de la justicia y las presiones políticas estrechan el cerco que atenaza a la prensa crítica. Si bien Marruecos (105; +15) mejora por la ausencia de nuevas detenciones de periodistas, éstos siguen estando expuestos a presiones judiciales y financieras.
África subsahariana: los conflictos y las presiones aceleran el retroceso de la libertad de prensa
La libertad de prensa nunca ha estado tan amenazada en el África subsahariana, sumida en la inestabilidad política desde los Grandes Lagos hasta el Sahel, pasando por Sudán. Las guerras, la criminalización del periodismo y las presiones económicas son los factores que impulsan este deterioro.
La situación de la libertad de prensa es “difícil” en 24 de los 48 países de la zona y “muy grave” en cinco: Ruanda (puesto 139), Etiopía (148), Sudán (161), Yibuti (167) y Eritrea (180), que ocupa, por tercer año consecutivo, el último puesto de la clasificación. Este año se cumple el 25 aniversario de la detención arbitraria en Eritrea del periodista Dawit Isaak y de sus tres colegas Temesgen Ghebreyesus, Seyoum Tsehaye y Amanuel Asrat.
Criminalización del periodismo
Las leyes de seguridad nacional o contra la ciberdelincuencia se utilizan como instrumento para obstaculizar la labor de los periodistas. Las juntas militares en el poder en el Sahel han reducido el espacio cívico y han retorcido las leyes; por ello, un país como Níger (120; -37) registra el mayor descenso del mundo. Malí (121; -2) y Burkina Faso (110; -5) siguen cayendo, en una represión cada vez más coordinada de la prensa entre los países de la Alianza de Estados del Sahel (AES). Los regímenes militares mantienen en esta región a periodistas detenidos de forma arbitraria, bajo cargos como “difusión de información falsa”, “atentado contra la credibilidad del Estado” o “difusión de información que puede alterar el orden público”. Al menos cinco reporteros se encuentran detenidos en Níger, uno en Malí, y dos —Serge Oulon y Moussa Sareba— siguen desaparecidos en Burkina Faso. A este contexto se suman las suspensiones de medios de comunicación por parte de autoridades deseosas de controlar la narrativa mediática.
Benín, que suele situarse en la parte media de la Clasificación, cae este año (113; -21), lo que constituye una señal de alarma en un país que acaba de elegir a su nuevo presidente. Las autoridades anteriores ya demostraron su hostilidad al periodismo, organizando el secuestro en Costa de Marfil (54) del fundador del medio digital Olofofo, Hugues Comlan Sossoukpè, antes de “extraditarlo” y encarcelarlo, presentándolo como un “peligroso ciberactivista” que hacía apología del terrorismo.
También bajo el pretexto de cargos por atentar contra la seguridad nacional se encarcela regularmente a periodistas en la región de los Grandes Lagos, como es el caso de Stanis Bujakera en la República Democrática del Congo (RDC), o de Floriane Iraganbiye y de varios periodistas del medio Iwacu en Burundi. En Ruanda, dos profesionales de la información se encuentran detenidos, entre ellos Théoneste Nsengimana, bajo la acusación de “incitación a la agitación”.
Tanzania, país antaño citado como ejemplo, registra un descenso de 22 puntos (puesto 117), lo que confirma el deterioro de las condiciones de trabajo de los periodistas y del acceso a la información, con leyes cada vez más restrictivas. Sin embargo, en Burundi, la periodista Sandra Muhoza ya está en libertad, a pesar de una condena injusta.
Problemas persistentes económicos y de seguridad
En países como la RDC (puesto 130), el indicador de seguridad (27,3 sobre 100) desciende. Los periodistas del Este del país, atrapados entre los grupos armados y las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), se ven obligados a desplazarse o a exiliarse. También en Sudán (161), la guerra ha hecho prácticamente desaparecer el periodismo independiente. Desde hace tres años, ante el riesgo de detención y de tortura, los periodistas no tienen más remedio que huir. Por su parte, Etiopía (148) no afloja este año tampoco su control sobre la prensa.
La fragilidad económica de los medios, ya señalada el año pasado, sigue siendo una lacra. En la zona del Sahel, Mauritania (61; -11) registra, a pesar de los compromisos adquiridos por el Gobierno en materia de derecho a la información, un descenso en su clasificación, debido principalmente al retraso en la aplicación de las reformas necesarias para la protección del sector y a su precariedad económica. Sin embargo, a pesar de un contexto socioeconómico difícil, Ghana (39; +13) y Sudáfrica (21; +6), países que encabezan el ránking en la zona, disfrutan de una situación “bastante buena” en materia de libertad de prensa.
Asia-Pacífico: cargos de terrorismo y leyes de ciberseguridad, los regímenes autoritarios instrumentalizan el derecho para silenciar a la prensa
En 21 de los 32 países y territorios evaluados en la zona Asia-Pacífico, la situación de la libertad de prensa es “difícil” o “muy grave”. La región figura entre las más represivas del mundo y la tendencia se recrudece. Aún más preocupante es que los modelos de censura elaborados por ciertos regímenes autoritarios, entre los que destaca China, se exporten ahora mucho más allá de sus fronteras.
La influencia de los modelos autoritarios
Sobre el papel, la casi totalidad de los países de la región reconocen la libertad de prensa. En la práctica, este principio se pisotea de forma masiva. Corea del Norte (puesto 179) constituye el ejemplo más extremo: aunque está consagrada en la Constitución, la libertad de información es papel mojado. El país sigue siendo uno de los regímenes más cerrados del mundo, donde la prensa independiente está sencillamente prohibida.
En China (178), el régimen ha ampliado considerablemente su arsenal represivo en los últimos años, multiplicando las leyes de seguridad nacional, que se esgrimen con frecuencia para encarcelar a periodistas. Con 121 profesionales presos, China es la mayor cárcel de periodistas del mundo. Su modelo es fuente de inspiración para sus vecinos: en Vietnam (174) y en Birmania (166), las leyes de ciberseguridad que imitan el patrón chino se han convertido en instrumentos de censura digital.
Desde su regreso al poder en agosto de 2021, los talibanes han establecido metódicamente en Afganistán (175) un marco legislativo destinado a controlar la imagen del país, sofocar cualquier cuestionamiento de su poder e imponer su propaganda.Periodismo criminalizado, desde la India hasta Filipinas
Incluso en contextos menos opresivos, los marcos jurídicos se distorsionan cada vez más para amordazar a los periodistas. En India (157), el acoso judicial contra los medios independientes se recrudece, alimentado por un recurso creciente a las leyes penales —difamación y seguridad nacional, entre otras— que apuntan directamente a los profesionales de los medios. En Pakistán (153), la prensa se enfrenta a sucesivas oleadas de restricciones en un clima político tenso, en el que las autoridades tratan de controlar, o incluso de sofocar, la circulación de la información.
En Filipinas (114), la imputación de terrorismo se ha convertido en una herramienta de represión contra la prensa. Frenchie Mae Cumpio, de 27 años, es el ejemplo más elocuente: lleva seis años detenida bajo esta acusación en un caso fabricado de la nada, un hecho sin precedentes en el país. En Indonesia (129), Singapur (123), Malasia (95) y en Tailandia (92), los periodistas son frecuentemente objeto de demandas intimidatorias, emprendidas por élites políticas o económicas que se aprovechan de las lagunas de unos sistemas jurídicos poco garantes con la prensa.
Los modelos democráticos bajo presión
Incluso en las democracias consolidadas, las disposiciones legales debilitan la libertad de prensa. En Japón (62), la ley de secretos de Estado supone una amenaza difusa para el periodismo, pues carece de garantías suficientes para la protección de las fuentes, creando un caldo de cultivo propicio para la autocensura. En Corea del Sur (47), las recientes medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra las “noticias falsas” son criticadas por organizaciones de defensa de la libertad de prensa, evidenciando la tensión persistente entre la lucha contra la desinformación y la preservación del derecho a informar.
Ningún país de la región figura entre los 20 primeros puestos de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Nueva Zelanda (22), a pesar de haber retrocedido seis posiciones, sigue siendo el mejor país de Asia-Pacífico. Taiwán (28), Timor Oriental (30) y Australia (33) se enfrentan a ciertos desafíos, pero siguen ofreciendo un entorno globalmente protector. Todos ellos constituyen excepciones en una región donde la libertad de prensa no deja de deteriorarse.
