ESPAÑA | Un año de la “Ley Mordaza”: los periodistas afectados hacen balance
- Axier López, Mercè Alcocer y Esther Yáñez, sancionados por la normativa, cuentan su impacto y reacciones
- RSF insta al Parlamento surgido de las elecciones a forzar la derogación de una ley arbitraria, coercitiva e intimidatoria para los periodistas
“La sensación que tengo es de una rabia inmensa. Vivimos en un estado policial encubierto.” Así se expresa Esther Yáñez, periodista de Diario Vice, un programa de reportajes de Canal#0, apenas 48 horas después de recibir una notificación de multa de 601 euros por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid. La sanción administrativa “por infracción grave” se ampara en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”, de cuya entrada en vigor se cumple un año este 1 de julio.
Esther Yáñez | DR
El pasado 27 de abril, Yáñez acudió a cubrir una cacerolada promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ante la sede del Partido Popular, en la madrileña calle de Génova, en protesta por la negativa del PP a la ley catalana antidesahucios. “Estaba preparando un reportaje sobre el tema y fui a hacer producción y a conocer a las familias. Me quedé para documentar la manifestación. Empecé a hacer fotos de los participantes y un policía vino y me pidió el teléfono. Quería ver las fotos. Le dije que no estaba fotografiando a los policías y que en la vía pública podía hacer las fotos que quisiera. Me pidió la documentación inmediatamente. Le pregunté por qué. Sin responder, me la volvió a pedir. Le dije que me parecía injusto que me pudiese identificar sin darme explicaciones de nada, cuando yo ni siquiera podía ver su número de placa, porque no lo llevaba”, explica la periodista a Reporteros Sin Fronteras.
Dos meses después, Esther Yáñez ha sido oficialmente sancionada por supuesta desobediencia a la policía y por no querer identificarse.
“Es completamente falso. Expliqué a ese policía quién era, y sí, le manifesté mi desacuerdo con su actitud, pero en ningún momento sobrepasé el perímetro de seguridad que nos impusieron y tampoco me negué a identificarme. De hecho, lo hice. Sólo pregunté el motivo por el que me pedían mis documentos. ¿O es que preguntar también es un delito?”, se cuestiona la víctima periodística más reciente de la “Ley Mordaza”.
Multa impuesta a Esther Yáñez
40.000 sanciones en siete meses
Solo superados por la tenencia y consumo de estupefacientes, los insultos y faltas de respeto a la autoridad -tipificados como delito en la Ley de Seguridad Ciudadana- se sitúan ya como la segunda causa de denuncias en España, según datos del Ministerio de Interior. Un año después de la entrada en vigor de la “Ley Mordaza” y de la reforma en paralelo del Código Penal, el balance no puede ser más alarmante para los ciudadanos españoles, ni más lucrativo para el Estado: solo entre el 1 de julio de 2015 y finales de enero de 2016, la Ley de Seguridad Ciudadana se ha saldado con cerca de 40.000 sanciones, de las cuales, más de 6.200 por “faltas de respeto a las fuerzas de seguridad” y unas 3.700 por “desobediencia y resistencia a la autoridad”. Casi 30 personas son multadas cada día en España por presuntos insultos a las fuerzas del orden . Las sanciones previstas por la normativa van de los 100 a los 600.000 euros, en función del tipo y la gravedad del delito.
Rechazada en mayor o menor medida por todas las formaciones políticas españolas con excepción de su promotor, el Partido Popular y denunciada desde el primer momento por Reporteros Sin Fronteras, La “Ley Mordaza” no solo ha caído con todo su peso sobre los ciudadanos de a pie, principales víctimas de las arbitrarias sanciones que contempla, sino también sobre uno de sus principales objetivos: los profesionales de los medios de comunicación. Si situaciones tan absurdas y rocambolescas, como quejarse en las redes sociales de que un vehículo de la policía local está mal estacionado o llamar “colega” a un agente, le han valido multas de hasta 601 euros a ciudadanos anónimos, los periodistas han tenido que enfrentarse a sanciones igual de arbitrarias, coercitivas e intimidatorias, por el mero hecho de ejercer su profesión.
El pasado 3 de marzo, Axier López, fotógrafo y reportero de la revista Argia compartió en su cuenta de Twitter unas instantáneas de la detención en Eibar de la activista Naroa Ariznabarreta, que se había negado a personarse en la vista oral en la que se la juzgaba por un corte de autopista, en protesta por la ilegalización de la organización juvenil Segi, en el año 2007.
Este hecho transformó a Axier López en el primer periodista español multado por la “Ley Mordaza”. El periodista recibió de la Delegación del Gobierno en Guipúzcoa la notificación de una sanción de 601 euros, por subir fotografías a una red social “sin autorización”. La aplicación de la ley se fundamentó en la posibilidad “de identificar a los agentes actuantes, con el riesgo que para los funcionarios puede derivar de su identificación pública”.
Rechazo institucional en Euskadi y Navarra
Lejos de amedrentarse por la multa, Axier López no solo no ha procedido a liquidar la sanción, sino que, amparado en todo momento por el medio en el que trabaja, se ha transformado en uno de los periodistas más activos en contra de la “Ley Mordaza”, con importantes resultados. La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó, a mediados de abril, una declaración de condena a la normativa y respaldo al semanario Argia, con el apoyo de todas las fuerzas de la Cámara, a excepción del PP, que votó en contra y de UPN, que se abstuvo. Más recientemente, a principios de junio, las Juntas Generales de Guipúzcoa, con los votos a favor de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Podemos, se comprometieron a no aplicar la normativa en la provincia, en lo que constituye el primer acto formal de desobediencia a la “Ley Mordaza”. ¿Se trasladará esta voluntad de desacato institucional a las fuerzas de seguridad en Guipúzcoa? “Es el quid de la cuestión”, responde Axier López a Reporteros Sin Fronteras, “saber si los distintos cuerpos de policía respetarán la decisión o seguirán sancionando. Al menos, estamos satisfechos porque contamos con tres compromisos claros: un rechazo público contundente a la ‘Ley Mordaza’, la solidaridad con los afectados si se produjeran nuevos casos y la voluntad clara de no aplicar la ley en Guipúzcoa”, añade el periodista.
El respaldo del medio de comunicación en el que trabaja el informador resulta clave en el modo en que éste afronta la difícil situación de sancionado. Axier López cuenta con la suerte de una cabecera que le ampara y que está dispuesta a llegar a juicio para tratar de poner freno a una de las normas más controvertidas de la Ley de Seguridad Ciudadana: el artículo 52, que concede “valor probatorio a las declaraciones de los agentes de seguridad”, es decir, que confiere a las fuerzas del orden todo el poder para acusar, sin la necesidad de que un magistrado intervenga y decida independientemente, en virtud de las pruebas que le son presentadas. “No estoy dispuesto a ceder hasta que no haya un juez de por medio”, dice López.
Mercè Alcocer / DR
Como Axier López, Mercè Alcocer, periodista de Catalunya Ràdio con una larga trayectoria en información de tribunales, también se siente “muy privilegiada y afortunada” de contar con el apoyo del medio para el que trabaja. La periodista acudió, el pasado 20 de febrero, a cubrir la declaración en la Audiencia Nacional del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol y de su esposa, Marta Ferrusola. Cuando ambos salieron a la calle, Alcocer hizo caso al primer instinto de cualquier periodista: preguntar a las fuentes. Trató de acercarse a Pujol, así como a sus abogados, pero agentes de la Policía Nacional le interceptaron el paso y le exigieron su documentación. Pese a que la zona no estaba acordonada, el mero hecho de cruzar el “perímetro de seguridad imaginario” trazado por los agentes, le valió tener que excusarse e identificarse. Cuando, posteriormente, la periodista quiso sumarse a sus compañeros en la zona habilitada para las declaraciones, los agentes se lo impidieron. “A esa, fíchala”, le dijo a un agente el jefe de la unidad policial desplegada en el lugar. A mediados de mayo, Mercè Alcocer recibía una notificación de multa de 601 euros, por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid, por presunta desobediencia a la autoridad, que no piensa pagar y que va a recurrir.
“He sido el chivo expiatorio: como no soy una periodista habitual en la cobertura de la Audiencia Nacional, se han atrevido conmigo y dudo de que lo hubieran hecho con los que siempre están allí. Tuve la sensación de que mi comportamiento no gustó desde el principio al jefe de policía y que quiso marcar territorio”, explica Alcocer a RSF. La periodista se encuentra inmersa en el proceso de alegaciones contra la sanción.
Denuncia a Alcocer
“La notificación de la sanción es patética. Cuando mis abogados han pedido una ampliación de los hechos denunciados, ésta ha sido aún más patética. Hemos presentado nuestras alegaciones y somos conscientes de que no se echarán atrás, como sucede con la inmensa mayoría de las multas administrativas. Éstas solo se ganan en los juzgados y nos veremos en un juicio contencioso-administrativo”, añade la periodista.
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que engloba a Catalunya Ràdio, ha respaldado desde el primer momento a Alcocer, se ha ofrecido a pagar la multa, ha puesto a su disposición a los abogados del grupo y manifestado públicamente su «rechazo ante una situación que supone el impedimento a los profesionales de los medios de comunicación del ejercicio libre de la profesión, entendida como un bien imprescindible para la salud de la democracia”.
A mayor precariedad, mayor indefensión
Pero, ¿y si el periodista es freelance? ¿Y si, lo sea o no lo sea, carece de una estructura mediática que le proteja, defienda y asuma los costes económicos de refutar la sanción? “Si eres freelance, estás muerto”, sentencia con contundencia Mercè Alcocer.
“De nuevo, la precariedad incide decisivamente en las consecuencias que puede tener sobre un informador la aplicación de la ‘Ley Mordaza’: a mayor desprotección del periodista, mayor probabilidad de acusar los efectos de amedrentamiento y autocensura que persigue la normativa”, asegura Malén Aznárez, presidenta de Reporteros Sin Fronteras España. “El valor probatorio que concede la ley a los agentes de las fuerzas de seguridad hace que todos los casos se transformen en la palabra de un periodista contra la palabra de un policía. Es obvio quién tiene las de ganar”, añade.
Cuando agentes de la Guardia Civil pidieron al fotógrafo Miguel Ángel Valdivielso que borrase las fotos que había tomado de la escena de un accidente laboral, que causó la muerte de un joven trabajador en una empresa burgalesa, éste se negó. Valdivielso había acudido a cubrir para el Diario de Burgos el siniestro. Los agentes le pidieron que se identificase mediante su acreditación periodística y le señalaron que estaba en una zona privada, perteneciente a la empresa en la que había sucedido el accidente, un extremo que el fotógrafo niega y que puede apreciarse en las instantáneas que tomó: Valdivielso accedió por una vía verde a una zona desde la que podía fotografiar con perspectiva la escena, en la que por supuesto no estaba la víctima mortal, ni se podía reconocer a los trabajadores, los investigadores, ni los familiares. Dos semanas más tarde, el fotógrafo recibió una notificación de multa de 601 euros, basada en el tristemente famoso artículo 36.6 de la “Ley Mordaza”: “desobediencia, resistencia a la autoridad, negativa a identificarse”. Fueron los directivos de la planta quienes instaron a la Guardia Civil a alejar al fotógrafo del lugar donde estaba la información .
Derecho a informar y ser informado
“Como les dije a los agentes en su día, las fotos no las puedo borrar. No les voy a hablar de mi derecho a informar (que lo tengo), les voy a hablar del derecho de mis lectores a saber que un joven murió esta tarde en el tajo. Les voy a hablar de 100.000 personas que, todos los días, leen las páginas de Diario de Burgos y esperan ver dónde pasan las cosas. Les voy a hablar de los compañeros de trabajo de ese chico, de los vecinos de su pueblo, de las decenas de sindicalistas que, al día siguiente, se concentraron en la sede de los sindicatos para protestar por lo ocurrido. Las fotos no las puedo borrar porque no son mías. Son de los lectores de Diario de Burgos. Y eso es sagrado”, escribió Valdivielso en una columna publicada por su medio.
El fotógrafo pone el dedo en la llaga de una de las más ocultas intenciones de la Ley de Seguridad Ciudadana: “no solo impide a los profesionales de los medios ejercer su libre derecho a informar, impide a la opinión pública su inalienable derecho a ser informada”, afirma la presidenta de Reporteros Sin Fronteras, Malén Aznárez.
Por humillantes y arbitrarias que resulten, las sanciones impuestas a periodistas aportan, al menos, un “papel al que agarrarse”, una acusación por escrito ante la que tratar de defenderse. No es el caso de muchos profesionales de los medios, víctimas de amedrentamientos e intimidaciones verbales por parte de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo, que sufren el peso de las amenazas (miedo, autocensura, incertidumbre), pero que no tienen manera de probarlas. Rafael Iglesias, editor e ilustrador de la revista satírica TeVeo, iba a presentar, la semana pasada, el último número de este fanzine sevillano, en un bar de copas de la capital andaluza. Los carteles anunciando el evento reproducían la portada: caricaturas del Rey. Días antes de la presentación, el dueño del bar le llamó alarmado, comunicándole que agentes locales de paisano se habían presentado en el local, diciéndole que si celebraba el acto, podría “acabar en la cárcel”. En el bar de enfrente, contaron a Rafael Iglesias que un policía municipal uniformado había arrancado el cartel que habían colgado para promocionar el acto. El editor se presentó con su abogado en la comisaría de la policía local del Distrito Centro de Sevilla, para exigir una explicación de lo sucedido: no sabía si el incidente estaba relacionado con permisos y licencias del local o con el contenido de la revista. La agente que le atendió descartó que tuviera que ver con lo segundo, porque la investigación de presuntos delitos contra la Corona es potestad de la Policía Nacional. Pese a que la actuación de la policía local se centraba, en principio, en la carencia de licencia del bar para ofrecer música en vivo, Rafael Iglesias se ha enterado, sin embargo, por los medios y de forma extraoficial que sí está siendo investigado por la Policía Nacional por dañar presuntamente el prestigio de la Corona. “Las formas han sido chuscas y muy opacas. Propias de otros tiempos. A día de hoy, no sé aún de quién parte la denuncia y porqué. Yo no me pienso callar”, afirma. Su caso no estaría relacionado con la “Ley Mordaza”, pero sí resulta ilustrativo del caldo de cultivo creado desde la entrada en vigor de la normativa.
Zonas grises: abuso de poder e impunidad
“Es este caldo de cultivo el que también queremos denunciar”, explica Malén Aznárez. “La ‘Ley Mordaza’ no es solo lo que contiene, sino el clima de impunidad y de abuso de poder que ha creado. Hay elementos en las fuerzas de seguridad que se sienten avalados para intimidar a periodistas, sabedores de que, con toda probabilidad, sus acciones no tendrán consecuencias. Se sienten protegidos por una Ley que, en la práctica, es una patente de corso para cometer abusos”, añade. ¿Es la entrada de la Policía Judicial en la sede del diario Público para reclamar las grabaciones que afectan al ministro del Interior en funciones, sin orden de un juez, una consecuencia de este caldo de cultivo? [3] ¿Lo es la petición intimidatoria a informadores que cubrían el registro de una joyería en Barcelona de sus números de teléfono móvil, por parte de agentes de paisano de los Mossos d’Esquadra, con el presunto fin de crear un archivo de periodistas?[4]
“No podemos aseverarlo con certeza. Pero sí podemos decir que España es hoy un país menos libre para el ejercicio del periodismo. No hay que olvidar que la Ley Mordaza nace con el fin de silenciar a manifestantes, activistas y periodistas”, dice la presidenta de Reporteros Sin Fronteras España.
Esther Yáñez, la más reciente pero seguramente no la última de las periodistas sancionadas por la normativa, va más allá: “La democracia real no existe. El gobierno maneja a su antojo a las fuerzas de seguridad del Estado, inventando leyes propias de regímenes dictatoriales para justificar y legalizar los abusos de poder de la policía y amedrentar a la población para que no protestemos, para que no hablemos, para que tengamos miedo. El miedo es el auténtico cáncer del siglo XXI. Me siento desanimada, porque lo están consiguiendo. Estamos cediendo ante la injusticia”, se lamenta.
Llamamiento a la derogación
La “Ley Mordaza” ha sido calificada de “abominable” por The New York Times, que considera que la normativa retrotrae a los “días más oscuros del franquismo”. Relatores de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y numerosos medios de comunicación internacionales han pedido su derogación. Reporteros Sin Fronteras, no ha cesado de exigirlo desde el mismo momento en que el Ejecutivo comenzó a elaborar el primer borrador .
RSF aprovecha la nueva correlación de fuerzas en el Parlamento surgida de las elecciones del 26 de junio para instar a todos los partidos políticos contrarios a la normativa a ponerse de acuerdo en la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. “Solo el Partido Popular en el Gobierno en funciones defiende en su totalidad esta ley coercitiva, arbitraria e intimidatoria para los periodistas y los ciudadanos. Instamos a las fuerzas políticas a aprovechar la composición del nuevo Congreso de los Diputados para evitar que, en 2017, tengamos que hacer un nuevo balance de periodistas víctimas de la ‘Ley Mordaza’, con motivo del segundo aniversario de su entrada en vigor”, concluye Malén Aznárez.
ENLACES
[1] https://www.eldiario.es/sociedad/sanciones-diarias-Policia-Ley-Mordaza_0_489951750.html
[3] https://www.publico.es/politica/policia-persona-sede-publico-exigir.html
[4] https://cadenaser.com/emisora/2016/06/29/sercat/1467187138_580038.html
[5] https://www.nytimes.com/2015/04/23/opinion/spains-ominous-gag-law.html?_r=0
[6] https://www.rsf-es.org/news/espana-el-gobierno-espanol-prepara-una-ley-que-atenta-gravemente-contra-la-libertad-de-informacion/
