ESTADOS UNIDOS | RSF pide a la Casa Blanca que restablezca el acceso a AP y deje a la prensa hacer su trabajo
El 11 de febrero, trabajadores de la administración Trump prohibieron a dos periodistas de Associated Press (AP) cubrir un acto en la Casa Blanca, argumentando que la agencia de noticias no había ajustado sus normas editoriales a la agenda política del presidente. AP está siendo sancionada por utilizar el término «Golfo de México», en lugar de «Golfo de América», denominación impuesta por Trump en una reciente orden ejecutiva. Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena esta flagrante violación de la Primera Enmienda y exige que la agencia de noticias recupere su plena capacidad para cubrir la residencia oficial.
«El nivel de mezquindad mostrado por la Casa Blanca es tan asombroso que casi eclipsa la gravedad de la situación. Un presidente en ejercicio castiga a un importante medio por su elección de palabras, un derecho protegido por la Constitución. Donald Trump lleva pisoteando la libertad de prensa desde su primer día en el cargo».
Clayton Weimers | Director de la oficina de RSF en Norteamérica
Associated Press fue informada por la Casa Blanca el martes 11 de febrero de que se prohibiría a su personal asistir a un acto si no acataba la orden ejecutiva, según declaró la redactora jefe, Julie Pace, en un comunicado. La agencia de noticias informó que, ese mismo día, a un primer reportero de AP se le negó la entrada a un evento de la Casa Blanca celebrado el martes por la tarde. Más tarde, un segundo periodista lo intentó, pero también se le negó el acceso a otro acto en la Sala Diplomática de la Casa Blanca.
«Restringir nuestro acceso al Despacho Oval por nuestras publicaciones no solo limita gravemente el derecho del público a recibir información independiente, sino que también constituye una clara violación de la Primera Enmienda», afirma AP.
Ataques incesantes contra la prensa
Poco después de asumir el cargo como presidente, el 20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva para “restaurar la libertad de expresión”, en la que proclamaba: “Es política de Estados Unidos garantizar que ningún funcionario, empleado o agente del gobierno federal participe o facilite conductas que restrinjan inconstitucionalmente la libertad de expresión de cualquier ciudadano estadounidense”.
Sin embargo, sus acciones posteriores han puesto en evidencia que esta declaración es una falacia cuando se trata de la libertad de prensa. Antes de prohibir la entrada a los reporteros de AP, la administración Trump ordenó a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) investigar a las emisoras públicas NPR y PBS, así como a la cadena privada CBS. También ha restringido el acceso de la prensa al Pentágono y ha excluido arbitrariamente a periodistas independientes de las ruedas de prensa de la Casa Blanca.
En un alarmante retroceso en materia de transparencia, el presidente ha eliminado decenas de páginas web y bases de datos gubernamentales, además de prohibir hablar públicamente a numerosas oficinas de prensa y agencias federales. Asimismo, ha emprendido demandas personales contra varios medios por sus decisiones editoriales, a pesar de estar protegidas constitucionalmente. Estados Unidos ocupa el puesto 55 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 de RSF.
