FILIPINAS | Recta final en el juicio por la matanza de 32 periodistas perpetrada en 2009 en Maguindanao

Se cumplen diez años de la mayor masacre de periodistas de la historia, perpetrada el 23 de noviembre de 2009 en la provincia de Maguindanao, en el sur de Filipinas. Reporteros Sin Fronteras (RSF) insta a los jueces encargados del caso a acabar de una vez con la impunidad que sigue caracterizando un crimen impactante, que segó la vida de 32 reporteros.

Las familias de las víctimas llevan diez años esperando. El sistema de justicia no ha sido capaz de condenar a los responsables en una década. Y los asesinatos de un total de 58 personas, entre ellos 32 periodistas, han estado impunes durante diez años.

Los reporteros acompañaban a un grupo de partidarios de un político local, Esmael Mangudadatu, que viajaban en convoy para presentar su candidatura al cargo de gobernador provincial de Maguindanao, al sur de Filipinas. Su contrincante era Andal Ampatuan Jr, hijo del entonces gobernador, Andal Ampatuan Sr. Unos 100 hombres hicieron una emboscada y masacraron a los participantes en el convoy. Después, usaron una pala mecánica para enterrar los cuerpos en una fosa común.

Está previsto que un tribunal regional en Quezón, a 1.400 km al norte de Maguindanao, emita los veredictos el 20 de diciembre, como muy tarde, lo que acabará por fin con la impunidad que ha acompañado a esta masacre y pondrá fin a la larga espera que han tenido que soportar las familias de las víctimas.

«Siento que no todos serán condenados, pero espero que al menos condenen a los principales sospechosos», ha dicho a RSF Grace Morales, viuda de una de las víctimas, el reportero deNews Focus TV Rosell Morales. «Las pruebas están ahí y son tangibles. Sabemos bien quiénes cometieron este horrible crimen, pero está costando años resolverlo. Ya ha pasado demasiado tiempo».

«Todas las miradas están puestas en la juez Jocelyn Solís-Reyes y en el tribunal de Quezón, que tienen el deber histórico de condenar a los responsables de la masacre en Ampatuan», señala Daniel Bastard, jefe del departamento para Asia y el Pacífico de RSF.

“La impunidad que rodea la masacre de todos estos periodistas resulta aún más insoportable porque ha resonado en todo el país como un estímulo para eliminar a los periodistas que molestan a los todopoderosos déspotas locales. Lo que está en juego es la credibilidad del Estado de derecho en Filipinas, junto con el respeto a las familias de los periodistas asesinados».

Los nombres de los presuntos autores se conocen desde hace mucho tiempo. Son miembros del clan Ampatuan, la poderosa dinastía política en la provincia de Maguindanao, cuyo hijo favorito, Andal Ampatuan Jr, planeó suceder a su padre como gobernador y no acogió con agrado la decisión de Esmael Mangudadatu de presentarse contra él.

«Un contacto nos advirtió de la amenaza de los Ampatuan contra Mangudadatu», recuerda Nonoy Espina a RSF. Espina estaba cubriendo la región en ese momento para el digital Dateline Filipinas y, como muchos otros periodistas, había planeado cubrir la presentación de la candidatura de Mangudadatu. Pero, en el último momento, un ataque de gripe lo mantuvo en cama. Sus colegas no tuvieron tanta suerte.

“Todavía con fiebre, recibí un mensaje de texto el 23 de noviembre que decía que el convoy había desaparecido. Pensé que solo estaban detenidos en un puesto de control o algo así, hasta que un par de horas después, otro mensaje de texto decía: ‘Convoy localizado. Todos muertos'».

Obstrucción de la maquinaria judicial

Espina, que en la actualidad preside la Unión Nacional de Periodistas de Filipinas (NUJP) y que hace diez años era director de la entidad, fue uno de los primeros reporteros en llegar a la escena de la masacre. «Sentí mis rodillas literalmente convertirse en gelatina», rememora, pero su prioridad era reportar la tragedia objetivamente y contactar a las familias de las víctimas. Rápidamente fueron identificados al menos 195 sospechosos.

Desde el principio, la maquinaria judicial fue obstruida por miembros de la familia Ampatuan, incluido «El Padre», Andal Ampatuan Sr, patriarca, autor intelectual y gobernador en el momento de la masacre. Debido a su condición de padrino del clan, fue acusado enseguida como el presunto instigador de la masacre.

El corresponsal de Philippines Daily Inquirer, Aquiles Zonio, reveló en 2010 que había recibido amenazas de muerte destinadas a disuadirlo de testificar contra el patriarca y sus hombres. También denunció casos de intimidación, amenazas y violencia contra agentes de policía que habían escrito informes que implicaban a la familia Ampatuan. Andal Ampatuan Sr murió de cáncer de hígado en 2015 sin haber sido llevado a juicio.

El sospechoso número 2, Andal Ampatuan Jr, es considerado como el líder de la masacre. Varios testigos dicen que en realidad dirigió al grupo de 100 hombres que organizaron la emboscada y perpetraron la masacre. Según los informes, le acompañaban sus hermanos Zaldy y Sajid Islam, y su primo Akmad, que actuaron como sus lugartenientes.

Desde el punto de vista judicial, debería haber sido un caso claro. Pero eso para eso habría que pasar por alto la corrupción rampante del sistema judicial. En 2014, se informó de que ciertos fiscales retrasaron deliberadamente las investigaciones a cambio de sobornos. Esto ralentizó inmediatamente los avances el proceso.

Presiones

Los testigos y otras personas involucradas en el caso han sido blanco de intentos de soborno, amenazas y, en una ocasión, incluso el asesinato, como le ocurrió a uno de los chóferes de la familia Ampatuan. Los aliados de Andal Ampatuan Jr han presionado repetidamente a un testigo clave, el teniente de alcalde Sukarno Badal, quien terminó por reafirmar su testimonio de que vio a Andal Ampatuan Jr dispararle a la gente durante la masacre.

Andal Ampatuan Jr finalmente fue detenido y, a pesar de las reiteradas solicitudes de libertad bajo fianza, él y su hermano Zaldy permanecerán encarcelados hasta el veredicto. Pero, como otros 80 sospechosos, Sajid Islam Ampatuan está libre. En 2015, fue puesto en libertad bajo fianza de 11,6 millones de pesos (200,000 euros) y, desde entonces, ha sido elegido dos veces alcalde de una ciudad en la provincia de Maguindanao.

«Que tenga que pasar una década para que se dicte un veredicto por un crimen tan atroz ya es una gran injusticia», lamenta Espina, quien, sin embargo, no culpa a los jueces por los retrasos.

“Más que el sistema judicial, es una acusación de nuestro sistema de gobierno, donde el liderazgo nacional permite que clanes como los ampatuanos acumulen tanta riqueza y poder mientras hacen la vista gorda ante sus excesos porque necesitan el apoyo de estas familias. El resultado es una cultura de impunidad que envalentona aún más atrocidades”.

Según el recuento de RSF, un total de 14 periodistas han sido asesinados en Filipinas desde que Rodrigo Duterte se convirtió en presidente en junio de 2016, la mayoría de ellos porque habían criticado a los potentados locales. Hasta ahora nadie ha sido condenado por ninguno de estos asesinatos.

Filipinas ocupa el puesto 134, de 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 de Reporteros Sin Fronteras. Ver también el Informe Anual de la organización.