GUATEMALA | El nuevo presidente, Bernardo Arévalo, debe actuar rápidamente para poner fin a la criminalización del periodismo

Después de más de cuatro meses de tensiones internas y amenazas para revertir los resultados de las elecciones democráticas, Arévalo tomó finalmente posesión como presidente de Guatemala el domingo 14 de enero. En medio de un clima de inestabilidad, que persiste debido a las demandas interpuestas contra su partido por grupos políticos derrotados en connivencia con el poder judicial, Arévalo se enfrentará a numerosos retos para reconstruir un clima propicio a la libertad de prensa. Entre las pruebas de fuego de su nuevo gobierno estará el poner fin a la persecución y criminalización de periodistas y medios críticos con las altas esferas del poder.

Acabar con el clima de miedo que viven los periodistas

Fruto de un proceso de cooptación del Estado por diferentes grupos políticos, militares y económicos -en algunos casos vinculados a organizaciones criminales-, las instituciones democráticas y el Estado de derecho han sido desmantelados en los últimos años en Guatemala. Esto ha desembocado, como demostró la misión llevada a cabo por RSF y 10 organizaciones aliadas en Guatemala en 2023, en la creación de un entramado institucional al servicio de la impunidad y la corrupción.

Decenas de periodistas que han cubierto casos de corrupción, ataques al medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, e incluso aquellos que han informado sobre las demandas contra jueces y otros profesionales de los medios, han sido criminalizados y procesados, como el fundador y director de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, acusado injustamente de lavado de dinero, que permanece encarcelado. Fue detenido el 29 de julio de 2022, cinco días después de que elPeriódico revelase casos de corrupción que implicaban a personas cercanas al ex presidente Alejandro Giammattei. Víctima de acoso judicial, en junio de 2023 fue condenado a seis años de prisión por cargos falsos.

Bajo el mandato de la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, que permanecerá en el cargo hasta 2026, jueces, abogados, fiscales y periodistas han perdido su libertad o se han visto obligados a abandonar el país para evitar ser detenidos. Además, se han abierto cientos de causas penales por presunta “obstrucción a la justicia” contra estos periodistas.

Muchos de estos profesionales de la información carecen de recursos económicos para pagar abogados y se han visto obligados a exiliarse por seguridad, como Juan Luis Font, que cubría para diferentes medios las acusaciones de corrupción contra un ex ministro de Comunicaciones, que acusó al reportero de chantaje y asociación para delinquir. Sonny Figueroa y Marvin del Cid, periodistas del medio digital Vox Populi,abandonaron el país a finales de 2023 tras ser constantemente atacados en las redes sociales y amenazados con ser procesados, después de publicar un reportaje sobre el enriquecimiento ilícito de uno de los amigos del ex presidente Alejandro Giammattei.

La esperada revisión de la postura del gobierno de Arévalo en el nuevo juicio de Zamora, el próximo 5 de febrero, así como en otras causas en curso contra la prensa, se revelará como  un paso crucial para encauzar estos casos e invertir la peligrosa deriva emprendida por la anterior administración.

Guatemala ocupa el puesto 127 de los 180 países analizados en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2023 de RSF.

¡Firma la petición de RSF a favor de la liberación inmediata de Jose Rubén Zamora!