Los países europeos siguen sin proteger a los periodistas frente al ‘lawfare’, dos años después de la directiva anti-SLAPP
Tras su adopción en abril de 2024, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) disponían de dos años, hasta el pasado 7 de mayo, para transponer a su legislación nacional la Directiva Europea sobre la protección de los periodistas víctimas de demandas intimidatorias (SLAPP, por sus siglas en inglés: Strategic Lawsuit Against Public Participation). Sin embargo, sólo un puñado de ellos ha cumplido su compromiso. En lugar de discursos de apoyo a los periodistas víctimas de estos procedimientos judiciales abusivos, Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide a los gobiernos, incluido el de España, que actúen para frenar un fenómeno que erosiona tanto la libertad de prensa como el derecho a la información de los ciudadanos.
RSF España lleva años denunciando la utilización espuria de la justicia para intimidar a medios y periodistas. Profesionales de digitales como ElDiario.es, El Confidencial o InfoLibre, entre otros, han sido víctimas repetidamente de demandas intimidatorias por parte de políticos o empresarios, casi siempre acogiéndose a presuntas vulneraciones del derecho al honor o supuestas revelaciones de secretos. Más recientemente, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, interponía nuevas acciones judiciales contra varios periodistas, también denunciadas por RSF España. Las acciones de “lawfare” no provienen solo del ámbito político o empresarial, también se suma el judicial, como ilustran las demandas interpuestas contra varios periodistas por el juez Peinado, instructor del caso “Begoña Gómez”.
En democracias garantistas como la española, el objetivo de las demandas intimidatorias no es llevar al periodista a prisión, porque la doctrina del Tribunal Constitucional hace prevalecer el derecho a la información siempre que ésta sea veraz y de interés público. El fin es amedrentar y silenciar; agotar al medio y al periodista legal, económica y psicológicamente durante y después del procedimiento. ¿Cómo vas a abordar el tema por el que te han demandado mientras está judicializado? ¿Cuántos recursos en tiempo y dinero puede emplear una redacción de tamaño medio en defenderse durante procesos largos que complican la cobertura de los casos por los que han sido denunciados? Existe una directiva protectora para defender a los periodistas de acciones judiciales abusivas y el Gobierno debe trasponerla a la mayor brevedad, porque el ‘lawfare’ contra la prensa no va a hacer más que crecer.
Edith Rodríguez Cachera. Vicepresidenta de RSF España.
La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de RSF publicada recientemente revela que más de la mitad de los países del mundo viven una situación “difícil” o “muy grave” de la libertad de información, que cae a su peor nivel en 25 años, lastrada precisamente por la caída generalizada del indicador que mide el clima legal en todos los países del mundo, confirmando una tendencia extendida a la criminalización del periodismo.
En Francia, los periodistas del medio de investigación Splann! han visto cómo se intensificaban las denuncias a raíz de sus investigaciones sobre la agroindustria. El sitio web de información StreetPress, por su parte, es objeto repetidamente de presiones judiciales debido a su trabajo sobre la extrema derecha. En Grecia, el pasado jueves 14 de mayo se inició el juicio, interpuesto por Grigoris Dimitriadis, antiguo secretario general de los servicios del primer ministro, contra el digital de información TVXS, al que reclama 550 000 euros en concepto de daños y perjuicios por “difamación” en 11 artículos sobre su supuesta implicación en el caso de las escuchas Predatorgate. Con este procedimiento intimidatorio, también apunta al periodista de investigación Thanasis Koukakis, a los digitales Reporters United y EfSyn, así como a otros medios de comunicación.
En Bulgaria, al periodista Dimitar Stoyanov, de la web de investigación Bird.bg, le fueron congeladas sus cuentas bancarias en abril de 2026 por el tribunal de distrito de Burgas, en el este del país, tras varias denuncias por difamación presentadas por el empresario local Nikolay Filipov. El periodista investigaba unas acusaciones de corrupción y contrabando de combustible que implicaban a Filipov. El importe total de la indemnización reclamada asciende a unos 50 000 euros. El uso de procedimientos judiciales abusivos contra los periodistas se ha intensificado en los últimos años en toda la UE, tal y como confirman varios informes.
Transposición insuficiente
Aprobada en abril de 2024, la directiva europea denominada “anti-SLAPP” tiene por objeto proteger a toda persona que participe en el debate público, incluidos periodistas, organizaciones de la sociedad civil y denunciantes, frente a los procedimientos judiciales abusivos. Conocidas comúnmente como “demandas intimidatorias”, “procesos mordaza” o “lawfare”, su objetivo no es obtener justicia, sino intimidar, agotar económicamente y, en última instancia, disuadir cualquier crítica sobre temas de interés general. Estos procedimientos suelen ser iniciados por actores con poder económico o político, como empresas o responsables políticos, con el objetivo de proteger sus intereses y, en ocasiones, eludiendo la legislación sobre la prensa para no tener que responder sobre el fondo de los contenidos periodísticos.
Sin embargo, la gran mayoría de los Estados miembros no han completado la transposición de la directiva europea a su legislación nacional, a pesar de los dos años de plazo de que disponían hasta el 7 de mayo. En varios países, se están redactando o debatiendo proyectos de ley o de decretos. En otros, no se ha emprendido ninguna reforma sustancial.
A falta de protecciones jurídicas suficientes y ante la debilidad de los mecanismos nacionales existentes, los periodistas siguen expuestos a los procedimientos de intimidación sin una protección real. La directiva europea contra las demandas SLAPP supone un avance significativo que los Estados deben transponer con urgencia. Sin embargo, RSF señala dos limitaciones importantes: no cubre ni las denuncias penales —como las de difamación— ni los procedimientos de ámbito puramente nacional. Entre los pocos Estados que ya han transpuesto la directiva, solo Irlanda ha optado por ir más allá adoptando una legislación más protectora. Por ello, RSF insta a los Estados miembros a actuar con rapidez y a tomar conciencia del coste que supone el retraso en la transposición de esta directiva.
Antoine Bernard. Director de Incidencia de RSF.
A mediados de abril, el Gobierno anunció el proceso de transposición a la legislación española. La incorporación al ordenamiento jurídico nacional prevé , según el Ejecutivo, que los tribunales puedan archivar de forma temprana aquellas acciones judiciales manifiestamente infundadas, facilita la intervención de terceros —como organizaciones profesionales, sindicatos o asociaciones— en apoyo de la parte demandada y permite exigir a la parte demandante garantías económicas para cubrir las costas procesales en caso de condena, entre otras medidas.
Penalizar la instrumentalización de la Justicia
Asimismo, la normativa introduce instrumentos específicos para sancionar este tipo de litigios abusivos, incluyendo la imposición de costas sin los límites ordinarios previstos por la ley, compensaciones por daños y perjuicios, multas con efecto disuasorio o incluso la difusión pública de las resoluciones judiciales. El objetivo de estas disposiciones no es únicamente reparar los perjuicios ocasionados, sino también impedir que los tribunales sean utilizados como herramientas de hostigamiento, desgaste o intimidación contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión e información, según el anuncio del Gobierno.
RSF acoge con satisfacción el anuncio de estas medidas, a la espera que se materialicen. La organización invita a los Estados miembros de la UE a presentar propuestas legislativas ambiciosas que no se limiten a una transposición mínima de la directiva, sino que prevean, tal y como la directiva les invita a hacer:
- El establecimiento de un mecanismo judicial eficaz para la desestimación rápida de las demandas manifiestamente abusivas.
- La aplicabilidad de todas las disposiciones protectoras en el marco de cualquier procedimiento judicial, incluso en materia penal (por ejemplo, las demandas abusivas por difamación).
- La toma en consideración de los procedimientos nacionales, es decir, la inmensa mayoría de las SLAPP registradas en la actualidad.
RSF sigue movilizándose en torno a este tema a escala europea participando activamente en el grupo de expertos de la Comisión Europea, cuya conferencia de lanzamiento tuvo lugar el 7 de mayo de 2026 en Bruselas, en presencia, entre otros, del comisario de Justicia, Michael McGrath.
